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De madrugada, Senado de EEUU aprueba reglas para juicio político contra Donald Trump

El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles de madrugada con el único apoyo de la mayoría republicana las reglas para el juicio político contra el presidente, Donald Trump, tras un debate de enmiendas -todas rechazadas- de casi 13 horas con el que los demócratas pretendían incluir pruebas y testigos al proceso.

Con 53 votos a favor y 47 en contra, las reglas marcan que tanto la acusación demócrata como la defensa de Trump tendrán cada una 24 hora dividida en tres jornadas para sus alegatos, que según está previsto empezarán este próximo mediodía.

Pasados esos seis días, posiblemente el martes de la semana que viene, el Senado abrirá un turno de preguntas y respuestas y luego debatirá si extiende el juicio político contra Trump con testigos que reclaman los demócratas o, por lo contrario, lo cierra por la vía rápida presumiblemente a favor del presidente.

La jornada de este martes -la primera del juicio- demostró la solidez del bloque republicano, que goza de mayoría absoluta en la Cámara Alta pese a que tan solo necesita mantener un tercio de los votos para absolver a Trump de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso de los que le acusan los demócratas por sus presiones a Ucrania.

Si los republicanos pretendían un juicio rápido desde el inicio, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, emprendió una estrategia dilatoria con la introducción de una docena de enmiendas para modificar la propuesta de reglas presentada por los republicanos cuyo debate se alargó durante 13 horas.

Las reglas se aprobaron finalmente cerca de las 02.00 hora local (07.00 GMT) tras rechazar enmiendas que pedían, por ejemplo, la comparecencia del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, del jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, o la inclusión de documentos del Pentágono y del Departamento de Estado.

Solo una de las enmiendas recibió -pese a ser rechazada- un voto favorable republicano, el de la senadora Susan Collins, quien se ha mostrado partidaria de ceder a algunas de las peticiones de los demócratas para el juicio.

La de este martes fue el preludio de una dinámica que se repetirá previsiblemente a lo largo del juicio político, un proceso guiado por el partido del presidente y abocado a acabar en su absolución a no ser que se produzca un improbable aumento del apoyo público al “impeachment” que obligue a algunos senadores republicanos a cambiar su voto.

El juicio político se basa en dos cargos, los de abuso de poder y obstrucción al Congreso, relacionados con las presiones de Trump a Ucrania para que investigara a uno de sus posibles rivales en las elecciones de 2020, el exvicepresidente Joe Biden.

Según la oposición demócrata, Trump condicionó la entrega de casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania y también la programación de una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a su exigencia de que Kiev anunciara que planeaba investigar a Biden.

Fuente: Televisa News

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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