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Debate Corte Suprema de Brasil despenalización de aborto

La Corte Suprema de Brasil inició este viernes una serie de consultas con expertos, doctores y religiosos antes de analizar si despenaliza el aborto hasta la duodécima semana, actualmente penado en el país con hasta tres años de cárcel salvo en contadas excepciones.

En marzo de 2017 el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y el Instituto de Bioética de Brasil presentaron a la Corte una petición para que se pronunciara sobre si el Código Penal, de 1940 y en el que consta la criminalización del aborto, se sobrepone a la Constitución, de 1988.
Se trata de una tentativa de obtener una despenalización del aborto por vía judicial, después de que, durante años, los políticos evitaran el asunto, ante la indicación de que, en el país con mayor número de católicos del planeta, la mayoría de la sociedad está en contra de legalizarlo.

Sin embargo, sí se realizan abortos en Brasil de forma clandestina, lo que genera no pocas complicaciones a millares de mujeres que, ante el temor de ser procesadas, recurren a tratamientos médicos importados o se someten incluso a operaciones.

Datos presentados este viernes, primer día de audiencias que continuará el próximo lunes, señalan que, pese a la prohibición, una de cada cinco brasileñas abortó, mientras anualmente 203 mujeres fallecen y otras 250 mil son hospitalizadas por complicaciones en operaciones clandestinas.

El aborto es ilegal en Brasil excepto en casos extremos como violación o si se pone en peligro la vida de la madre, pero ello no evita que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se lleven a cabo en torno a un millón de abortos en Brasil.

La interrupción del embarazo en clínicas clandestinas es la quinta causa de muerte materna en el país, pero las encuestas de opinión señalan que en torno al 65 por ciento de los brasileños se opone a la legalización del aborto.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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