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Debate Corte Suprema de Brasil despenalización de aborto

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La Corte Suprema de Brasil inició este viernes una serie de consultas con expertos, doctores y religiosos antes de analizar si despenaliza el aborto hasta la duodécima semana, actualmente penado en el país con hasta tres años de cárcel salvo en contadas excepciones.

En marzo de 2017 el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y el Instituto de Bioética de Brasil presentaron a la Corte una petición para que se pronunciara sobre si el Código Penal, de 1940 y en el que consta la criminalización del aborto, se sobrepone a la Constitución, de 1988.
Se trata de una tentativa de obtener una despenalización del aborto por vía judicial, después de que, durante años, los políticos evitaran el asunto, ante la indicación de que, en el país con mayor número de católicos del planeta, la mayoría de la sociedad está en contra de legalizarlo.

Sin embargo, sí se realizan abortos en Brasil de forma clandestina, lo que genera no pocas complicaciones a millares de mujeres que, ante el temor de ser procesadas, recurren a tratamientos médicos importados o se someten incluso a operaciones.

Datos presentados este viernes, primer día de audiencias que continuará el próximo lunes, señalan que, pese a la prohibición, una de cada cinco brasileñas abortó, mientras anualmente 203 mujeres fallecen y otras 250 mil son hospitalizadas por complicaciones en operaciones clandestinas.

El aborto es ilegal en Brasil excepto en casos extremos como violación o si se pone en peligro la vida de la madre, pero ello no evita que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se lleven a cabo en torno a un millón de abortos en Brasil.

La interrupción del embarazo en clínicas clandestinas es la quinta causa de muerte materna en el país, pero las encuestas de opinión señalan que en torno al 65 por ciento de los brasileños se opone a la legalización del aborto.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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