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Deberá reponerse el proceso de selección de candidatura de Morena

Con relación a la impugnación presentada en contra de la designación del precandidato o candidato único a gobernador de MORENA, el senador Cruz Pérez Cuéllar aclaró que en la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) existen varias afirmaciones que es preciso hacer del conocimiento público:

La más importante, a decir del legislador y aspirante a gobernador, es que no existe la aprobación del registro formal de los ocho aspirantes a la gubernatura ante la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por lo tanto, no puede existir el registro de un precandidato o candidato único ante dicha instancia, encargada de la selección de candidatos; es decir, Juan Carlos Loera no es el precandidato a la gubernatura.

Pérez Cuéllar precisó que en la resolución emitida por la CNHJ se señala que “no se ha realizado registro alguno de precandidato o candidato”, esto es, a la fecha no existe ningún precandidato oficial por el partido Morena a Gobernador del Estado de Chihuahua.

La propia Comisión de Honestidad y Justicia admite en su resolutivo que el proceso _“no ha concluido, sino que continúa desarrollándose conforme a las fechas y términos establecidos en la convocatoria”, y que la fecha límite para publicar los resultados de las encuestas que acrediten al candidato único a gobernador(a) es el próximo 30 de enero.

“Los propios órganos de Morena admiten y manifiestan que a la fecha no hay ningún registro aprobado, esto quiere decir que lógicamente no se ha hecho la encuesta que marca la convocatoria”, declaró.

El senador chihuahuense señaló lo anterior ya que previo a la realización de la encuesta, con base a la convocatoria, es necesario que se aprueben los perfiles que participarán en ella. Es así que la decisión apegada a las reglas para este asunto sería la reposición del proceso, “un borrón y cuenta nueva”, indicó Pérez Cuéllar.

El aspirante a gobernador admitió que el 20 de diciembre el presidente nacional del partido, Mario Delgado, citó a los aspirantes a la Ciudad de México y dio a conocer de manera pública que el ganador de la encuesta era Juan Carlos Loera, pero eso a todas luces contradice esta resolución. Por lo que debemos entender, respetando las reglas de la convocatoria, que dicho anuncio es inválido.

Para finalizar, el senador morenista informó que acudirá ante el Tribunal Estatal Electoral, a fin de continuar el camino jurídico toda vez que se han agotado los medios de defensa intrapartidistas. “Vamos en el camino adecuado para acreditar que el proceso de selección de candidatos no se llevó a cabo apegado a los principios que rigen el sistema electoral”, finalizó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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