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Esto debes hacer para dejar de recibir llamadas molestas del banco

Seguramente en alguna ocasión te ha sucedido que recibes una llamada en la que un banco o institución financiera te ofrece alguno de sus servicios, ya sean tarjetas de créditos, seguros y otras promociones que no deseas, y que en el momento de decir que no te insisten o te cuestionan el por qué de tu negativa, lo que se torna en un momento de disgusto ante la insistencia.

Y a pesar de que pides que no se te vuelva marcar, al día siguiente te vuelven a marcar para volver a ofrecerte algún servicio; debido a la molestia que causa en los clientes o posibles nuevos consumidores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) presentó REUS, una herramienta que permite a las personas no recibir llamadas con publicidad o promociones de las instituciones financieras.

De acuerdo con la dependencia lo que se debe de hacer para dar de alta ese servicio es registrar los datos del usuario así como números de teléfono que se desean bloquear, ya sea por internet, en las oficinas o por teléfono en la CONDUSEF. Asimismo se indicó que la inscripción al REUS es gratuita y tiene una vigencia de dos años a partir de 45 días de hacer hecho el ingreso de la información, mismos que estarán protegidos.
No obstante, aunque ya no se recibirán llamadas con ofertas, la comisión recalcó que no quedarán exentas las llamadas de despachos de cobranza, con fines políticos, caridad, beneficencia o encuestas telefónicas.

Este servicio ayudará a los individuos a que no tengan esa mala experiencia en cuanto a la promoción y oferta de servicios. Además de REUS, existen otras herramientas que te ayudan a evitar este tipo de llamadas, a mediados del año pasado, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) presentó un mecanismo similar, se trató del REPEP, el cual bloquea las llamadas de compañías telefónicas para invitar a cambiarse de compañía.

De igual modo, para activar el Registro Público Para Evitar Publicidad, se tiene que ingresar los datos en el portal del regulador, luego de ello, las empresas de telefonía móvil tienen un plazo de 30 días para dejar de realizar estrategias de mercadeo al número que fue dado de alta en el REPEP.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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