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Declara Comisión de Quejas y Denuncias improcedentes medidas cautelares contra PAN por spots en los que aparece Corral

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y MORENA, en contra del Partido Acción Nacional (PAN) por la difusión de los promocionales “ENDLN” (radio) y “ENDLNT” (televisión), así como el denominado “ENDJLS”, en radio y televisión, en los que participa Javier Corral Jurado, Gobernador del estado de Chihuahua, al privilegiarse la libertad de expresión del funcionario público, ya que el hecho de que tenga tal calidad no lo priva de su derecho de ser militante o simpatizante de un partido político y expresar su opinión respecto del partido o su candidato, porque su imagen y voz aparecen en spots pautados por el PAN como parte de los tiempos del Estado a los que tiene derecho en el marco del proceso electoral en curso, y no se trata de tiempo adquirido por otra vía.

En sesión extraordinaria urgente, con el voto unánime de las Consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del Consejero Benito Nacif, la Comisión precisó que, en el caso específico, la sola aparición de servidores públicos en los spots de los partidos políticos no constituye, en sí misma, una vulneración a los principios de equidad e imparcialidad previstos en el artículo 134 constitucional, aunado a que la participación del servidor público denunciado en los mensajes de radio y televisión de Acción Nacional forma parte de su estrategia de comunicación.

La solicitud de medida cautelar formulada por el PRI (en lo particular) denunciaba también la aparición de Miguel Ángel Mancera Espinosa; y sobre esta persona, se precisó que solicitó licencia definitiva al cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México previo al inicio de la vigencia de los materiales denunciados (1 de abril de 2018), por lo que su participación en los mismos no actualiza tampoco la supuesta vulneración al principio de imparcialidad y neutralidad que deben observar los servidores públicos.

Improcedentes medidas cautelares contra PRI

Durante la misma sesión, la Comisión declaró la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra del PRI y su candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, por la difusión de los promocionales de radio y televisión “Mikel Seguridad” y “Mikel Movilidad” en los que, a juicio del quejoso, se formulan expresiones calumniosas en contra de ese instituto político y a sus militantes.

Por unanimidad de votos, la Comisión precisó que en el caso del spot “Mikel Seguridad”, su difusión en radio y televisión ya no está vigente, por lo que se trata de actos consumados.

Respecto del promocional “Mikel Movilidad”, se señaló que como parte de un estudio preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, las expresiones denunciadas y que forman parte del contenido del spot, no pueden ser consideradas como calumniosas sino como críticas fuertes al Gobierno (de la Ciudad de México) que, en 20 años, desde la perspectiva del emisor del mensaje, no ha cumplido con las expectativas de movilidad y disminución de tránsito vial en la entidad, elementos que deben estar amparados bajo la libertad de expresión.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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