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Política

Declaraciones patrimoniales.

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Casas, autos medianos y relojes adquiridos en su mayor parte al contado, además de ingresos extra de cientos de miles de pesos sumados a sus salarios mensuales debido a una gama de actividades por fuera de la responsabilidad pública, integran las fortunas de los titulares de los nueve órganos autónomos del Gobierno federal establecidos en la Constitución.

Así está descrito en las propias declaraciones patrimoniales de las mujeres y hombres que están a cargo de las instituciones formadas durante las dos décadas pasadas para equilibrar a los tres poderes y que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía la intención de desaparecer en aras de su política de austeridad. Eso ya no ocurrirá. En su conferencia de la mañana del pasado 15 de febrero, el Ejecutivo admitió que durante su sexenio ya no hay tiempo para ello, pero sostuvo que buscará la reducción del presupuesto para algunos.

Pagados sus salarios con egresos aprobados por la Cámara de Diputadoscada año, la Ley General de Transparencia obliga a quienes dirigen los órganos autónomos a difundir una versión pública de su fortuna en “los medios electrónicos” disponibles según sus facultades. El documento debe reflejarse después en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Como ocurre en la administración pública federal, la opacidad ronda en el estilo de declarar estos patrimonios. Algunos de los funcionarios al frente de órganos autónomos pusieron candados en los valores de sus ahorros, no hicieron público si poseen casas o automóviles con el argumento de que están a nombre de cónyuges o dependientes económicos o, de plano, su patrimonio está bajo la completa confidencialidad, de acuerdo con una revisión de Reporte Índigo.

La Ley General de Transparencia obliga a quienes dirigen los órganos autónomos a difundir una versión pública de su fortuna, el documento debe reflejarse después en la Plataforma Nacional de Transparencia

Percepciones mayores que las del Presidente en los órganos autónomos

Los salarios brutos de quienes dirigen los órganos autónomos suman un millón 869 mil 672 pesos al mes. En promedio, superan 1.2 veces al del Presidente que es de 167 mil 617 pesos.

Pero además, por lo menos el año pasado, al salario de siete de los nueve titulares de los órganos autónomos se sumaron percepciones extra por arrendamiento o venta de bienes, así como de servicios profesionales, lo que aumentó su ingreso con respecto al del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según su declaración patrimonial, el Ejecutivo ingresó un millón 628 mil 717 pesos en 2021 sólo por su cargo público. Por su parte, Graciela Márquez Colín, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quien vendió un bien inmueble, percibió 5.7 veces más que el Presidente. Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien arrendó y tuvo una devolución del Sistema de Administración Tributaria, lo superó 1.8 veces.

Brenda Gisela Hernández Ramírez, comisionada presidenta por vacancia de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) prestó servicios profesionales y arrendó una propiedad, y su ingreso fue 1.7 veces más. Y Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INAI, quien también enajenó un bien, tuvo 1.1 veces más dinero que el Primer Mandatario.

También están quienes aun cuando no tuvieron trabajos extra, percibieron más dinero que el Presidente. Sólo con su cargo público, Victoria Rodríguez Ceja, Gobernadora del Banco de México (Banxico), lo superó 1.8 veces. En el mismo caso puede estar Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, quien sólo con su salario tuvo 1.2 veces más dinero que el Presidente, aunque sus declaraciones no brindan datos más allá de su historial académico y político.

El ingreso de Javier Juárez Mojica, comisionado presidente en suplencia por vacancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), fue mayor 1.1 veces.

No todos tuvieron percepciones mayores a las del Primer Mandatario. José Nabor Cruz Marcelo, secretario del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y María del Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), percibieron menos.

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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