Casas, autos medianos y relojes adquiridos en su mayor parte al contado, además de ingresos extra de cientos de miles de pesos sumados a sus salarios mensuales debido a una gama de actividades por fuera de la responsabilidad pública, integran las fortunas de los titulares de los nueve órganos autónomos del Gobierno federal establecidos en la Constitución.
Así está descrito en las propias declaraciones patrimoniales de las mujeres y hombres que están a cargo de las instituciones formadas durante las dos décadas pasadas para equilibrar a los tres poderes y que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía la intención de desaparecer en aras de su política de austeridad. Eso ya no ocurrirá. En su conferencia de la mañana del pasado 15 de febrero, el Ejecutivo admitió que durante su sexenio ya no hay tiempo para ello, pero sostuvo que buscará la reducción del presupuesto para algunos.
Pagados sus salarios con egresos aprobados por la Cámara de Diputadoscada año, la Ley General de Transparencia obliga a quienes dirigen los órganos autónomos a difundir una versión pública de su fortuna en “los medios electrónicos” disponibles según sus facultades. El documento debe reflejarse después en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Como ocurre en la administración pública federal, la opacidad ronda en el estilo de declarar estos patrimonios. Algunos de los funcionarios al frente de órganos autónomos pusieron candados en los valores de sus ahorros, no hicieron público si poseen casas o automóviles con el argumento de que están a nombre de cónyuges o dependientes económicos o, de plano, su patrimonio está bajo la completa confidencialidad, de acuerdo con una revisión de Reporte Índigo.
La Ley General de Transparencia obliga a quienes dirigen los órganos autónomos a difundir una versión pública de su fortuna, el documento debe reflejarse después en la Plataforma Nacional de Transparencia
Percepciones mayores que las del Presidente en los órganos autónomos
Los salarios brutos de quienes dirigen los órganos autónomos suman un millón 869 mil 672 pesos al mes. En promedio, superan 1.2 veces al del Presidente que es de 167 mil 617 pesos.
Pero además, por lo menos el año pasado, al salario de siete de los nueve titulares de los órganos autónomos se sumaron percepciones extra por arrendamiento o venta de bienes, así como de servicios profesionales, lo que aumentó su ingreso con respecto al del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según su declaración patrimonial, el Ejecutivo ingresó un millón 628 mil 717 pesos en 2021 sólo por su cargo público. Por su parte, Graciela Márquez Colín, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quien vendió un bien inmueble, percibió 5.7 veces más que el Presidente. Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien arrendó y tuvo una devolución del Sistema de Administración Tributaria, lo superó 1.8 veces.
Brenda Gisela Hernández Ramírez, comisionada presidenta por vacancia de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) prestó servicios profesionales y arrendó una propiedad, y su ingreso fue 1.7 veces más. Y Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INAI, quien también enajenó un bien, tuvo 1.1 veces más dinero que el Primer Mandatario.
También están quienes aun cuando no tuvieron trabajos extra, percibieron más dinero que el Presidente. Sólo con su cargo público, Victoria Rodríguez Ceja, Gobernadora del Banco de México (Banxico), lo superó 1.8 veces. En el mismo caso puede estar Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, quien sólo con su salario tuvo 1.2 veces más dinero que el Presidente, aunque sus declaraciones no brindan datos más allá de su historial académico y político.
El ingreso de Javier Juárez Mojica, comisionado presidente en suplencia por vacancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), fue mayor 1.1 veces.
No todos tuvieron percepciones mayores a las del Primer Mandatario. José Nabor Cruz Marcelo, secretario del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y María del Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), percibieron menos.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, marcó una línea clara tanto al interior de su gobierno como en el debate político nacional, al advertir que los integrantes de su gabinete que busquen una candidatura deberán dejar sus cargos y, al mismo tiempo, pronunciarse en contra de la eliminación total de los diputados federales plurinominales.
En declaraciones recientes, la mandataria estatal reiteró que su administración está enfocada en dar resultados y que nadie puede aspirar a un cargo mayor sin haber cumplido primero con su responsabilidad actual. Señaló que los funcionarios con aspiraciones electorales rumbo a 2027 deberán separarse del puesto, ya que no es posible combinar el ejercicio del gobierno con una campaña política.
Campos Galván subrayó que la definición de candidaturas corresponde exclusivamente al Partido Acción Nacional, mediante procesos como elecciones abiertas, primarias o encuestas, y descartó cualquier tipo de favoritismo. Insistió en que la competencia interna debe basarse en desempeño y resultados, no en afinidades personales.
Ante este escenario, adelantó que en los próximos meses podrían registrarse vacantes en el gabinete estatal, derivadas de quienes decidan participar en los procesos electorales. No obstante, fuentes cercanas al gobierno indicaron que no se prevén cambios generales, sino únicamente ajustes relacionados con aspiraciones políticas.
En paralelo, la gobernadora fijó postura frente a la propuesta de eliminar a los diputados federales plurinominales. Consideró que una desaparición total de esta figura afectaría la representación de partidos minoritarios y emergentes en el Congreso de la Unión, especialmente en un contexto de concentración de poder.
Recordó que las diputaciones de representación proporcional surgieron con la reforma electoral de 1977 para abrir espacios a fuerzas políticas distintas al partido dominante de aquella época. Si bien reconoció que el esquema puede revisarse y ajustarse, advirtió que eliminarlo por completo dañaría el equilibrio democrático y la razón de ser de este mecanismo.
Con estas declaraciones, Maru Campos envió un mensaje doble: disciplina y resultados al interior de su gobierno, y defensa de los contrapesos institucionales en el ámbito legislativo, en un momento clave de definición política rumbo al próximo ciclo electoral.
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