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Declinación de Chela Ortiz divide a priístas. Puede ser contraproducente el apoyo a Maru Campos

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Como un balde de agua fría, así sintieron los priístas presentes en el auditorio de su partido el día de ayer cuando Graciela Ortíz dejó en claro que no tenía ninguna posibilidad de triunfo y pidió a los otros candidatos del PRI apoyar a la candidata del PAN, Maru Campos, para que de esa manera no llegue Morena al palacio de gobierno.

Por la tarde, todo eran especulaciones pues Ortíz aseguró que no había declinado, quedando la candidata mal parada, pues no se sabía entonces porque había pedido el voto para el PAN.

Esta situación llegó a los gritos, donde candidatos a diputados, alcaldes, síndicos, etc. se negaron a apoyar a Maru Campos y exigieron que Chela Ortíz sea expulsada del partido por su decisión de entregar el partido a su mayor opositor.

Graciela Ortíz dará a conocer hoy ante los medios su postura, sin embargo el llamado a apoyar a Maru Campos al parecer le salió contraproducente pues candidatos ya han alzado la voz declarando que votarán por Juan Carlos Loera.

Es el caso de la candidata Zulma Chacón, quien aseguró que ella apoyará al morenista.

«Sigo y seguiré siendo priísta, pero mi voto será para Juan Carlos Loera, porque es el candidato que he visto trabajar de cerca con el pueblo», afirmó la candidata al distrito sexto federal, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Zulma Chacón.

Falta saber que decisión tomarán otros candidatos y los priístas en su conjunto ante esta situación inédita.

Por su parte, el presidente nacional del PRI aprobó y respaldó la decisión de Ortíz llamándola “valiente” por su decisión de apoyar a Campos.
Sin embargo el presidente del PRI estatal, Alejandro Domínguez no apoyó la declinación.

Domínguez indicó que una suma, un frente o una declinación, no le da el apoyo a un instituto político, por lo que la situación debió de haberse construido con tiempo, de forma previa, entre los partidos, resaltando que Chela Ortiz no renunciará a la candidatura y por lo tanto aparecerá en la boleta electoral, dejando en claro que él respalda la inconformidad de la militancia priista.

 

México

Sheinbaum propone eliminar pensiones millonarias a exfuncionarios de confianza

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para eliminar las pensiones elevadas que reciben exfuncionarios de altos mandos de confianza en diversas entidades paraestatales.

El proyecto, denominado “Pensiones sin Privilegios”, busca modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer que las pensiones no podrán exceder el 50 por ciento de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal, salvo en los casos previstos en las condiciones generales de trabajo.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria explicó que la reforma no tendrá efectos retroactivos y que las pensiones ya otorgadas no podrán ser modificadas. Sin embargo, subrayó que, a partir de su entrada en vigor, no se permitirá seguir pagando montos elevados a exfuncionarios en un gobierno que busca eliminar privilegios.

Sheinbaum señaló que existen casos en instituciones como la Comisión Federal de Electricidad y la extinta Luz y Fuerza del Centro, donde exdirectivos y altos mandos, con uno o dos años de servicio, reciben pensiones mensuales de hasta 300 mil pesos durante más de una década. De acuerdo con sus declaraciones, estos pagos pueden representar más de tres millones de pesos anuales con recursos públicos.

Como ejemplo, reveló que una persona que ocupó un cargo directivo en Luz y Fuerza del Centro recibe actualmente una pensión cercana a un millón de pesos mensuales, lo que equivale a alrededor de 12 millones de pesos al año, sin precisar nombres.

La presidenta aclaró que la iniciativa no afectará a los trabajadores sindicalizados ni a quienes cuentan con contratos colectivos en empresas como Petróleos Mexicanos o la CFE, ya que sus pensiones derivan de acuerdos históricos en los que el gobierno no puede intervenir.

La propuesta contempla a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y la banca de desarrollo. El Ejecutivo Federal prevé que la iniciativa sea analizada por el Congreso en el próximo periodo legislativo.

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