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México

Deer Park acumuló pérdida de 360 mdd tras ser comprada por Pemex

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La refinería de petróleo en Texas que Petróleos Mexicanos está comprando ha acumulado una inusual pérdida neta de aproximadamente USD 360 millones este año, lo que se suma a los desafíos que México enfrenta en su búsqueda de independencia energética.

La estatal petrolera mexicana acordó en mayo comprar la participación mayoritaria de Royal Dutch Shell Plc en la refinería de Deer Park. El cierre forzoso de las instalaciones durante la helada de Texas a mediados de febrero resultó en el registro de pérdidas hasta julio, según personas con conocimiento de la situación. Deer Park también ha lidiado con la volatilidad del mercado durante la pandemia, y su deuda se ha disparado a más de USD 1,000 millones en los últimos meses, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas.

Pemex no respondió a una solicitud de comentarios. Shell dijo que no revela el desempeño financiero de los activos individuales. El director ejecutivo de Pemex, Octavio Romero, dijo en mayo que Deer Park, una empresa conjunta entre Pemex y Shell, tradicionalmente registraba ganancias, aunque incurrió en pérdidas debido a la pandemia del año pasado. A mayo tenía USD 980 millones en deuda, dijo.

La pérdida neta de Deer Park este año —más de la mitad de los USD 596 millones que Pemex acordó pagar por la participación de Shell en la refinería— muestra cómo la estrategia del Gobierno para dejar de depender de la energía extranjera puede ejercer aún más presión sobre las finanzas de Pemex. Su deuda supera ahora los USD 115,000 millones, más que cualquier otra petrolera, luego de una década y media de caídas en la producción. El productor acordó comprar la participación de 50.1% de Shell en mayo utilizando fondos federales como parte de una estrategia del Gobierno de México para no depender más de los mercados energéticos extranjeros.

Fotografía del 13 de abril de 2016, de una plataforma en la sonda petrolera en Ciudad de Carmen, Campeche (México). EFE/Edgar Ávila/Archivo
Fotografía del 13 de abril de 2016, de una plataforma en la sonda petrolera en Ciudad de Carmen, Campeche (México). EFE/Edgar Ávila/Archivo

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder a fines de 2018 con la promesa de restablecer a Pemex como potencia productora de petróleo y restaurar la producción de combustible de México. Esa política ha implicado la construcción de una refinería de USD 8,900 millones conocida como Dos Bocas en el estado natal del presidente, Tabasco, aumentando la producción en las seis refinerías existentes de Pemex, y la compra de Deer Park.

La secretaria de Energía de México, Rocío Nahle, ha encabezado el proyecto Dos Bocas y elogiado la compra de Deer Park por parte de Pemex dado que promueve los objetivos de independencia energética del país. En una entrevista reciente con Bloomberg, Nahle dijo que la refinería de Deer Park era rentable. “No, no está perdiendo” dinero, dijo desde la oficina de la Secretaría en Villahermosa, Tabasco. “Pemex hizo un análisis de negocio interno y externo con una compañía externa y los resultados que presentaron son muy buenos”.

En junio, el representante de Estados Unidos Brian Babin, un republicano de Texas, envió una carta al Comité de Inversión Extranjera en EEUU oponiéndose al acuerdo, afirmando que Pemex no tiene la experiencia ejecutiva, gerencial o técnica para operar la refinería de Deer Park de manera segura.

Pemex está bajo un mayor escrutinio internacional luego de dos incendios de plataformas offshore en dos meses.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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