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Defensa de Emilio Lozoya rechazó que la familia haya publicado videos sobre presuntos sobornos

La defensa de Emilio Lozoya, el director de la empresa estatal Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien se encuentra vinculado a proceso por diversos delitos, negó que la familia Lozoya Austin haya participado en la publicación de un video que muestra a un supuesto funcionario de la paraestatal entregando fajos de dinero a funcionarios del Senado en algún momento entre 2013 y 2014.

“El señor Juan Jesús Lozoya no tiene cuenta alguna en la plataforma de referencia”, señaló el despacho Ontiveros Consulting, sobre YouTube. “Por lo que la difusión del video se ejecutó mediante la comisión de un delito”, añadieron.

Además, adelantaron que Jesús Lozoya presentará, en las próximas horas, la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Por último, la defensa del ex funcionario del gobierno de Peña Nieto reiteró su “absoluto respeto” a las instituciones del Estado mexicano. “Será la vía institucional la que seguirá rigiendo nuestro actuar en el ámbito del derecho de defensa”, culminó el comunicado, que firma el doctor Miguel Ontiveros Alonso, quien encabeza la defensa de Lozoya.

Y es que este lunes, un video publicado en una presunta cuenta de Jesús Lozoya en YouTube, muestra durante 4:15 minutos a dos ex funcionarios del Senado de la República contando varios fajos de billetes de diferentes denominaciones, que sacan de varias bolsas de plástico y maletas color negro.

Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado y Guillermo Gutiérrez, también ex empleado de la Cámara alta, aparecieron recibiendo dinero de un supuesto ex funcionario de Pemex. “Son 200, 500, uno de 50 aquí viene, dos de 100 y uno de 50. Entonces es 500 uno, uno de 250 y 250 son uno 500?, se escucha decir a uno de los individuos en la grabación.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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