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Defensa de Javier Duarte logra ampliar plazo de investigación y que juez no avale datos bancarios

La defensa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, logró que el juez les concediera seis meses más para la investigación, además de que se invaliden los datos bancarios que obtuvo la PGR a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Durante la audiencia de este miércoles, el juez decretó que no era procedente la solicitud de los fiscales para que se avalaran los datos bancarios entregados, pues éstos fueron obtenidos en su momento bajo el amparo de la Ley de Crédito y debió pedirse autorización al juez. Un criterio de la Corte en noviembre estipuló que la obtención de datos bancarios requiere autorización judicial, lo cual, explicó el juez, es una falta que no puede subsanarse.

La PGR no puede volver a investigar lo que ya investigó (…) si esas pruebas bancarias fueron legítimamente obtenidas o no es algo que ya se deberá resolver en el juicio no ahorita, dijo el juez.

Inconforme con esta resolución, la PGR intentó interponer un recurso de revocación en plena audiencia, diciendo que la determinación del juez era un agravio para la sociedad.

Sin embargo, el juez declaró que su recurso de revocación era “notoriamente improcedente” pues este solo funciona en resoluciones de trámite pero no en resoluciones que se discuten y se resuelven en una audiencia pública con ambas partes presentes.

Sobre la ampliación del plazo de investigación, la defensa de Duarte logró una ampliación de seis meses más para recabar las pruebas a su favor. El plazo termina el próximo 31 de julio de 2018.

La defensa argumentó que necesitaba una ampliación del plazo para entrevistarse con testigos colaboradores que la PGR está utilizando en el caso, de los cuales no se revelaron datos.

El juez consideró que si bien el Código Nacional marca que la investigación complementaria debe durar 6 meses debe ponderarse el principio de la defensa adecuada, por lo que la solicitud del abogado de Duarte, Marco Antonio del Toro es procedente.

La defensa había pedido que la PGR no tuviera derecho a usar estos seis meses para continuar su investigación, sin embargo el juez determinó que la Procuraduría sí puede utilizarlo pero con una “advertencia, que en el momento en que la defensa considere que ya no requiere de más tiempo, se dará por terminado el plazo extra.

Este es un término de 6 meses para la defensa de acabar de integrar su estrategia como lo consideren pero para el Ministerio Público es solo un plazo que se puede terminar en cualquier momento”, expuso el juez.

En la audiencia estuvo presente Javier Duarte quien mantuvo una expresión seria y no hizo algún pronunciamiento.

Al término de la audiencia, Del Toro dijo que la audiencia había tenido “resultados muy positivos y favorable para la defensa”.

Al cuestionarlo sobre si la resolución del juez de ampliar el plazo ayudará a que el caso de Duarte no se use como botín político en la elección, ya que es posible que el juicio ocurra hasta después de las elecciones, el abogado señaló que “mi trabajo es hacer las consideraciones jurídicas les dejo a ustedes las consideraciones políticas”.

Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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