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Define INE fechas de precampañas para elecciones de 2021

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ejerció su facultad de atracción y determinó establecer fechas únicas para iniciar y concluir el periodo de precampañas y apoyo ciudadano de las candidaturas independientes de los comicios federales y locales de las elecciones del 2021.

Las precampañas federales comenzarán el 23 de diciembre de 2020; mientras que el periodo para recabar apoyo ciudadano para diputaciones federales dará inicio el 3 de diciembre de 2020.

Esto es lo que dijo el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vienello:

“Homologar las fechas de término de ambas actividades contribuye a la certeza del proceso electoral, en tanto permite que los planes de fiscalización de las precampañas estén antes de que inicien los períodos de campaña y posibilitan la verificación, por otro lado, de los apoyos ciudadanos que no se vean distorsionados por efecto de traslape de las fechas que pudiera afectar la validez de apoyos sostenidos”.

Estamos en Consejo General del @INEMexico discutiendo y votando acuerdos importantes para la celebración del proceso electoral federal 2020-2021 y procesos locales concurrentes.
En apego al principio de máxima publicidad, la sesión puede seguirse en vivo:https://t.co/aJnkqrRvEC

El INE dio a conocer las fechas de conclusión de precampañas, éstas serán durante los primeros meses de 2021.

8 de enero: Colima, Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí

31 de enero: Elección Federal Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

12 de febrero: Coahuila, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán

16 de febrero: Campeche, Estado de México, Nayarit, Puebla, Sonora y Veracruz

Las fechas límites para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos independientes, será, para la elección Federal y del Estado de Tamaulipas el 31 de enero 2021.

El 8 de enero concluye el plazo para:

Ciudad de México
Colima
Guerrero
Nuevo León
San Luis Potosí
Oaxaca
Zacatecas
Mientras que el 19 de enero para Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco y Yucatán.

El 12 de febrero para Chiapas, Coahuila, Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo y Jalisco. Mientras que para el Estado de México, Nayarit, Sonora, y Veracruz se estableció el 22 de febrero 2021

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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