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Definen IMSS, SEP y SSA proceso de vacunación para maestros

Autoridades de las secretarías de Educación y Salud, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), definieron, en reunión realizada esta mañana en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el proceso de vacunación contra Covid-19 para personal educativo de instituciones públicas y privadas en los estados de Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz.

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, informó que, al personal docente, administrativo y de apoyo, de educación Básica, Media Superior y Superior, se aplicará una dosis única, en centros y macrocentros de vacunación de esas entidades, los cuales se definirán en coordinación con las autoridades sanitarias y educativas locales.

Informó que en las Brigadas Correcaminos participarán las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena); de Marina Armada de México (Semar); de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con base en el personal adscrito en las diferentes regiones, así como personal del Operativo Correcaminos, y delegados de los programas sociales del gobierno federal, con el acompañamiento de las subsecretarías de Educación.

La funcionaria federal explicó que un componente esencial en el programa de vacunación es fortalecer el diálogo con los maestros para conocer sus propuestas y necesidades en el eventual regreso a las actividades escolares presenciales y, al mismo tiempo, incentivar su colaboración con niñas, niños, madres, padres de familia y tutores.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló que el personal del sector educativo será inmunizado con la vacuna CanSino. De acuerdo con el cálculo de producción, están garantizadas tres millones de dosis que llegarán en las próximas semanas.

Indicó que los sectores salud y educativo mantienen una estrecha coordinación con las autoridades estatales y municipales para llevar a cabo el proceso de vacunación en personas trabajadoras de la educación.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, coincidió con el subsecretario López-Gatell, en que el retorno a clases en los cinco estados con semáforo epidémico en verde debe llevar un proceso social dentro de la Nueva Normalidad.

Refirió que, en el caso de Chiapas, se trabajará con los institutos de seguridad social del estado, las autoridades locales e instituciones de educación de todos los niveles. Afirmó que si se suma la capacidad instalada hospitalaria del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), Issste, IMSS ordinario e IMSS-Bienestar se logrará el reto de inmunizar a los casi 121 mil trabajadores de la educación en esta entidad, por lo que anunció que se buscará movilizar a personal de otros lados para reforzar el plan de vacunación y lograr a la brevedad cubrir la inmunización de las maestras y maestros.

Fuente: La Jornada

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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