El Gobierno del priísta Jorge Herrera Caldera en Durango dejó una deuda per cápita más elevada que la de Chihuahua y Veracruz, y ocultó la información financiera a la administración entrante que encabeza José Rosas Aispuro Torres, violando la Ley e incumpliendo con la entrega-recepción del Estado, dijo Adrián Alanís Quiñones, secretario General de Gobierno de Durango, en entrevista.
El exgobernador priísta, quien hace unos días se amparó junto con otros 26 de sus colaboradores para indagar si hay una orden de aprehensión en su contra, violó la Ley para la Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Durango, pues ocultó hasta el último día, toda la información relacionada con la situación financiera de la Entidad, afirmó Alanís Quiñones
José Rosas Aispuro llegó al poder por una coalición entre el PAN y el PT, y tomó posesión el 15 de septiembre, para encontrar que Durango tiene una deuda pública de más de 15 mil millones de pesos.
“Nos ocultaron toda la información. En el área de egresos nunca supieron decirnos dónde estaban todos los datos; jamás contactaron al equipo de transición, a los auditores, contadores, a los peritos contables que para eso estaban. No quisieron dar nada de información”, dijo Alanís.
De acuerdo con el funcionario local, en 12 años consecutivos de Gobiernos del PRI, la deuda de Durango se disparó más de 500%. Hoy cada duranguense debe 13 mil 780 pesos, más que en Chihuahua, donde la deuda por habitante es de 11 mil 308 pesos, y más que Veracruz, con 5 mil 621 pesos per cápita.
“El último Gobernador honesto que hubo en Durango fue Ángel Sergio Guerrero Mier (PRI), donde hubo una deuda acumulada histórica que no llegó a los 2 mil 800 mdp de toda la vida. Ahorita estamos hablando de más de 15 mil mdp. El proyecto de esta gente era tener como botín 30 años Durango, lograron 12; querían tener estos últimos seis años y no se les hizo por la irritabilidad social, por el hartazgo de una docena trágica”, dijo.
El Secretario de Gobierno hizo referencia a los sexenios priístas de Ismael Hernández Deras (2004-2010) y Jorge Herrera Caldera (2010-2016), a los que llamó la “docena trágica”.
ASÍ OCULTÓ HERRERA TODA LA INFORMACIÓN
Adrián Alanís narró que de acuerdo con la Ley de Entrega-Recepción de Durango, el proceso debía iniciar la 1ª quincena de agosto, y concluir el 14 de septiembre a las 11 de la noche.
En ese lapso, el Gobierno saliente debía entregar toda la información sobre las finanzas públicas, sin embargo, no fue así.
“Estuvimos en todas las dependencias tratando de obtener información. No se nos entregó la información de las áreas financieras importantes; sólo lo de papelería, sillas, lámparas, teléfonos, pero nosotros queríamos saber cuál era la deuda”, dijo.
El Gobierno saliente, afirmó el Secretario de Gobierno, no informó sobre el presupuesto ejercido de 2016, ni la liquidez que quedaría para el último tramo del año. Tampoco entregó los datos sobre el paquete de presupuesto para 2017.
“Les dijimos que nosotros tomamos posesión el 15 de septiembre, y traíamos los ojos cerrados, porque no sabíamos qué es lo que presentaron en el presupuesto federal, al que corresponde al estado y a lo que es mixto. No se nos dio absolutamente nada de información. Volvimos a insistir; faltan 10 días para que nos entreguen y estaban licitando las obras, concursos, dando fallos, firmando contratos en obra pública. Nunca nos dijeron qué es lo que estaban firmando, contratando”, reveló.
Al concluir la primera etapa, ya una vez en el poder, el nuevo Gobierno inició las auditorías a las distintas dependencias, en donde algunos ex funcionarios hasta salieron del país “violando claramente la Ley”. Alanís Quiñones precisó que apenas concluyeron los 30 días hábiles para investigar y que hoy se encuentran en la etapa de análisis de la información encontrada para poder tomar decisiones sobre los hallazgos.
El Secretario de Gobierno dio algunos avances: en la Dirección de Pensiones encontraron anomalías como la falta de recursos para pagar pensiones a los jubilados y un adeudo por cubrir de 500 millones de pesos antes del 31 de diciembre.
“Tenemos además mucha obra pública que fue contratada y que no sabemos qué es lo que se tiene que pagar. Hemos encontrado en Fonden (Fondo de Desastres Naturales) 2014 y 2015, que no aportaron la parte que le corresponde al Gobierno estatal. Ahorita estamos hablando de más de 2 mil 200 mdp que estamos gestionando y que nos debe la SHCP, ya que fue autorizado por la Segob. Son fondos de desastres naturales y no nos ha llegado el recurso, porque no aportó el Gobierno del estado la parte que le corresponde en los años pasados”, reveló.
El funcionario explicó que hay obra pública que no cuenta con la calidad necesaria y fue contratada con un sobre precio elevado.
Además se han encontrando en el área de finanzas “varias anomalías, irregularidades que se están estudiando y no teneos fecha para concluir. Se están haciendo los análisis, los estudios. No hay alguna irregularidad donde se hayan fincado la responsabilidad ante un Ministerio Público o ante un Juez para que se consigne”, advirtió.
NADIE LO PERSIGUE… Y HERRERA SE AMPARA
A pesar de que no existe todavía una denuncia formal del nuevo Gobierno en contra del exgobernador Herrera Caldera y sus colaboradores, ellos ya se ampararon.
“Tenemos 26 exservidores públicos amparados, muchos de ellos siguen colaborando, son todavía servidores públicos y están amparados. ¿Por qué se amparan? No existe ni por parte de ningún MP, ni de la Fiscalía ni de ningún Juez nada”, dijo Alanís Quiñones.
El jueves se dio a conocer, de acuerdo con registrados del juzgado, que Herrera Caldera y otros funcionarios solicitaron que se les beneficiara con el recurso de amparo con el que busca evitar una posible detención.
En un inicio se dio a conocer a tres exsecretarios que ya iniciaron el proceso: César Guillermo Rodríguez, extitular de Comunicaciones y Obras Públicas, con en el expediente 1164/2016; Eduardo Díaz Juárez, exsecretario de Salud, expediente 1206/2016 y María Cristina Díaz Herrera, ex titular de Finanzas y Administración.
Pero Alanís Quiñónez afirmó que son 26 entre los que están varios funcionarios del área de Finanzas, del Consejo Estatal de Seguridad, del Sistema Nacional para el DIF y de la Dirección de Pensiones.
Fuente: Vanguardia
