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Chihuahua

Deja María Ávila propiedad de 3.3 mdp como garantía ante el juez por caso de «nómina secreta»

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El juez del Sistema Penal Acusatorio, Luis Carlos Flores Morales, quien está adscrito al distrito judicial Morelos, aceptó como garantía económica a favor de María A.S., la hipoteca sobre un inmueble ubicado en el poblado de San Francisco de Conchos, informó la Fiscalía General del Estado.

La propiedad se encuentra en la colonia exhacienda El Durazno y tiene un costo de 3 millones 380 mil pesos, de acuerdo con el avalúo efectuado por el ingeniero Edmundo Hernández Pazos.

La audiencia de exhibición de garantía económica se celebró esta mañana, tras haber sido postergada desde el pasado 27 de abril por la juez de Control, Nora Aída Espino Aguirre.

En dicha audiencia, la juzgadora rechazó una primera garantía ofrecida por la imputada que consistía en una camioneta valuada en 600 mil pesos, ya que el valor del vehículo, no reunía los requisitos de los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.

Además, el bien debía tener un valor de dos tantos más de la garantía económica de 500 mil pesos que le fue fijada como medida cautelar, es decir, un costo de al menos 1 millón y medio de pesos.

María A.S., exdiputada local del Partido Verde Ecologista de México, se encuentra vinculada a proceso desde el pasado 1 de abril por el delito de cohecho en agravio del Gobierno del Estado de Chihuahua, por presuntamente haber recibido 3.8 millones de pesos de la denominada “nómina secreta” que operó el exgobernador César Horacio D.J.

Bajo el mismo mecanismo también habrían sido beneficiados el también exlegislador del PRI, Rodrigo de la Rosa, señalado por recibir indebidamente 2.5 millones de pesos y la alcaldesa con licencia de la capital, María Eugenia C.G., señalada de recibir más de 9 millones de pesos entre los años 2014 y 2015.

En el caso de la alcaldesa, se realizó el contrato de garantía hipotecaria sobre un bien inmueble de su propiedad, ubicado en el fraccionamiento Residencial Bosques de San Francisco, que tiene un valor de 6 millones 822 mil 917 pesos.

Chihuahua

Aguinaldo debe pagarse a más tardar este 20 de diciembre, recuerda la STPS

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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que el próximo 20 de diciembre de 2025 es la fecha límite para que las y los trabajadores reciban el pago del aguinaldo correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. La dependencia llamó a las personas empleadoras a cumplir en tiempo y forma con esta obligación legal.

La autoridad laboral precisó que el aguinaldo equivale, como mínimo, a 15 días de salario por cada año laborado. En los casos en los que la persona trabajadora no haya cumplido un año completo de servicios, el pago deberá realizarse de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado durante el año.

El titular de la STPS, Diódoro José Siller Argüello, señaló que el incumplimiento de este derecho laboral, así como el pago incompleto o la entrega en especie, constituye una falta a la ley y puede derivar en sanciones y multas económicas para las personas empleadoras. Estas medidas se encuentran previstas en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo, se aclaró que el derecho al aguinaldo aplica para todas y todos los trabajadores, sin importar el tipo de contrato bajo el cual presten sus servicios. La obligación se mantiene tanto para contratos por tiempo determinado como indeterminado, así como para cualquier otra modalidad laboral reconocida por la ley.

Para quienes requieran orientación o asesoría gratuita sobre el pago del aguinaldo, la STPS puso a disposición los teléfonos de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo al número (614) 429 33 00, extensiones 12155 y 24741. De igual forma, se puede solicitar apoyo en el Centro de Conciliación Laboral a través de las extensiones 26301 y 26303.

La dependencia también brinda atención presencial en el Palacio de Justicia Laboral, ubicado en la calle Allende número 901, en la colonia Centro, donde se ofrece información y acompañamiento a las personas trabajadoras que lo soliciten.

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