La Fundación No Más Negligencias Médicas denunció que más de medio centenar de indígenas mayas, todos ellos adultos mayores de Quintana Roo, fueron afectados por el programa Del Amor Nace la Vista, de Fundación Cinépolis, que contrató a una clínica particular del estado llamada Instituto de Salud Visual, que no cumplía con los requerimientos para realizar cirugías de cataratas.
En conferencia de prensa, el presidente de esta asociación, Fernando Avilez Tostado, informó que los afectados perdieron la vista y dos de ellos incluso uno de los globos oculares, ya que en el quirófano no existían condiciones salubres adecuadas.
Indicó que si bien hay denuncias penales por estos hechos, cuatro médicos están desaparecidos, la Fundación Cinépolis «no se hace responsable» y las autoridades estatales de salud han hecho caso omiso, a dos años de que se cometió el ilícito.
Recordó que en diciembre de 2015, al constatarse las violaciones a la ley de salud estatal, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios instruyó a las autoridades locales suspender las actividades de la clínica y brindar atención médica a los afectados.
Pidió a las autoridades federales supervisar y, en su caso, cancelar el programa de la Fundación Cinépolis, pues –advirtió– se conocen casos similares en Puebla y Guadalajara, aunque con menor número de víctimas.
El programa Del Amor Nace la Vista es altamente publicitado en los espacios de esa cadena de proyección cinematográfica. Cinépolis muestra los avances de este esquema antes del inicio de largometrajes en sus salas.
De hecho, en su página de Internet, la Fundación Cinépolis reportaba hasta el cierre de esta edición 41 mil 800 operaciones contra las cataratas en el país. Los recursos son obtenidos de los donativos que los clientes de estos cines realizan tanto en taquilla como en dulcerías.
«A dos años de los hechos, los afectados sufren el olvido de la Fundación Cinépolis y de las autoridades de Quintana Roo, pues su salud se ha ido deteriorando progresivamente, incluso con graves afectaciones sicológicas, lo que pone en riesgo sus vidas», aseveró.
Lamentó que pese a ser el contratante, Cinépolis no se responsabilice de esta situación y se haya limitado a afirmar que no tiene nada que ver, pues sólo contrató a la clínica. Sin embargo, el presidente de la organización asegura que corresponde tanto a las autoridades de salud del estado como a la empresa cinematotráfica supervisar que los espacios donde se realizan las operaciones cumplan con los requerimientos de ley y de higiene necesarios.
Ante ello, solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal «ser un trampolín» y llamar la atención sobre este conflicto, a fin de que autoridades locales y federales atiendan las demandas y resuelvan las complicaciones de salud de las víctimas.
Lamentó que aun cuando se tramitó un amparo ante el juzgado décimo de distrito en materia administrativa de Ciudad de México, con el fin de que se brinde atención médica a los indígenas afectados, esta instancia lo rechazó, «negando con ello el derecho a la salud».
También llamó al director general de Cinépolis, Alejandro Ramírez, y al gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, a comprometerse a que las personas perjudicadas sean atendidas por especialistas.
