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#DeleteUber: Ofensiva en redes por decreto inmigratorio de Trump

Uber está sintiendo la presión en las redes sociales luego de que algunas personas en Estados Unidos sintieran que la compañía había respondido de forma inapropiada al decreto de Donald Trump que afecta a 7 países de mayoría musulmana.
Trump emitió un decreto el viernes que prohíbe la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Para la tarde del sábado habían estallado protestas en diversos aeropuertos del país, donde más de 100 viajeros con visa se encontraban en el limbo debido al decreto presidencial.
En solidaridad, la alianza de taxistas de Nueva York llamaron a detener las recogidas entre las 6 y las 7 de la noche en el aeropuerto JFK de Nueva York, donde dos iraquíes se encontraban detenidos.
A las 7:30, Uber anunció que suspendería el aumento de precios en el aeropuerto JFK, con lo que formalmente disminuía el costo de los viajes.
La reacción fue inmediata. El hashtag #DeleteUber (Elimina a Uber) comenzó a ser tendencia en Twitter, con gente compartiendo fotos en las que se veía la pantalla de «eliminar» la aplicación de Uber en sus teléfonos y comparando la medida de Uber con el rompimiento de una huelga.
Este domingo por la mañana, Uber tuiteó que la medida no había sido un intento de romper la huelga. La compañía dirigió a una publicación hecha el sábado en la página de Facebook del CEO Travis Kalanick, en la que decía que la empresa estaba trabajando para identificar a conductores de los siete países afectados por el decreto presidencial.
Para aquellos que estuvieran varados fuera del país, Kalanick dijo que Uber ayudaría a compensarlos por las ganancias no obtenidas durante los 90 días de la prohibición.
Pero en su publicación, Kalanick también reiteraba la importancia de trabajar con Trump, algo que ya le había dejado saber a sus empleados la semana anterior. Kalanick es miembro del grupo de asesoría de negocios de Trump, que tendrá su primera reunión el viernes, dijo.
En tanto, el principal competidor de Uber, Lyft, tomó acciones totalmente diferentes. La compañía envió un email a sus usuarios el sábado en el que condenaba las medidas de Trump y dijo que donaría 1 millón de dólares al grupo defensor de los derechos civiles ACLU durante los próximos cuatro años.

CNN

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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