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Delgado pide recorte de 50% a partidos, ante crisis

Ante la situación económica que vive México, producto, en parte, por la pandemia de coronavirus, el Paquete Económico 2021 será responsable y atenderá las principales demandas de la población vulnerable sin considerar el aumento de impuestos o deuda, anticipó Mario Delgado a nombre del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

En un comunicado, el legislador comprometió congruencia y acompañamiento al Gobierno Federal en materia de austeridad, al tiempo que, dijo, propondrán medidas para obtener recursos adicionales que sean destinados a la atención de la salud en el país.

“El Paquete Económico que entregará el Gobierno Federal esta semana tendrá como prioridad la atención a los programas sociales, los proyectos de infraestructura, además no va a contemplar el aumento de impuestos, ni plantea más deuda para el país, ni incremento en el precio de los energéticos”.

Subrayó que en acompañamiento al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se garantizarán los recursos necesarios para que se mantengan y no disminuyan los programas sociales con el objetivo de que las familias tengan la posibilidad de un ingreso que les permita continuar con su etapa de recuperación.

El legislador aprovechó para pedir de nueva cuenta a los partidos políticos solidaridad en un año con escasez de recursos, sumándose a la política de austeridad a fin de reducir su financiamiento público en un 50 por ciento.

“Vamos a insistir para ver si es cierto que otros partidos están a favor de esta propuesta. En lugar de proponer un ingreso básico, empecemos por ahorrar 3 mil millones, comencemos por el recorte básico a los partidos antes de discutir otra propuesta; ése es el compromiso que tiene Morena con el pueblo de México”, expuso.

Recordó que la iniciativa por la que se reformaría el artículo 41 de la Constitución en materia de reducción del financiamiento público de los partidos políticos, suscrita por diputadas y diputados de Morena, plantea que es momento de que las instituciones políticas del país se solidaricen con el pueblo.

“Debemos ser conscientes de los efectos económicos que ha generado la pandemia en las distintas naciones, incluido nuestro país, para darnos cuenta de que no podemos seguir regateando a la sociedad una drástica reducción en los costos de la actividad partidista”, sostuvo Delgado Carrillo.

Fuente; Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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