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Delitos sexuales de violación, abuso e incesto no deben prescribir: Diputado

El diputado Omar Bazán presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para declarar como imprescriptibles los delitos de violación, abuso sexual e incesto.

También, en el caso del artículo 184, que establece sanciones para “quien pague o prometa pagarle con dinero u otra ventaja de cualquier naturaleza a una persona menor de dieciocho años o a un tercero para que aquélla sostenga relaciones o actos sexuales o eróticos”, propone que aplique la no prescripción independientemente de que la víctima sea o no menor de edad.

El legislador priista dijo que los feminicidios y todo tipo de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres adultas han ido en aumento, “es una crisis que no se puede soslayar”.

Dijo que una de las acciones para abatir la incidencia de delitos sexuales es detener y castigar a los responsables, por lo que propuso la no prescripción de los delitos de violación, abuso sexual e incesto.

De acuerdo con los datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres del INEGI, la prevalencia de violencia sexual en las mujeres mexicanas es de 41.3%.

Seis de cada 10 mujeres de la CDMX han sido víctimas de violencia sexual; mientras que en Jalisco y el Estado de México son cinco de cada 10.

Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Quintana Roo y Yucatán se encuentran entre los estados por encima de la prevalencia de violencia sexual contra mujeres.

La prevalencia de violencia total contra mujeres en México es de 66.1.

Omar Bazán dijo que la incidencia de delitos sexuales que no se denuncian es alarmante y la explicación de las víctimas es que no confían en la justicia.

El Gobierno federal también ha advertido de las fallas de su propio sistema judicial y de los de las 32 entidades del país y se estima que entre 2010 y 2015, al menos 600 mil delitos sexuales al año en el país no fueron denunciados por la desconfianza de las víctimas hacia los operadores del sistema penal, el maltrato de algunas autoridades y un marco jurídico que atenta contra la dignidad de las víctimas, al no otorgar una atención especializada para estos delitos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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