Nueva York, Estados Unidos.- La Fiscalía General de Nueva York demandó este miércoles al ex Presidente Donald Trump y su compañía, acusándoles de un fraude comercial que involucra algunos de sus activos más preciados, incluyendo propiedades en Manhattan, Chicago y Washington.
La demanda de la Fiscal general Letitia James, presentada en un tribunal estatal de Nueva York, es la culminación de la investigación civil de tres años de la demócrata sobre Trump y la Organización Trump.
Los tres hijos mayores de Trump, Donald Jr., Ivanka y Eric Trump, también fueron nombrados como acusados, junto con dos ejecutivos de la compañía desde hace mucho tiempo, Allen Weisselberg y Jeffrey McConney.
La demanda busca atacar el núcleo de lo que hizo famoso a Trump, sacando a la luz la imagen de riqueza y opulencia que ha adoptado a lo largo de su carrera, primero como desarrollador de bienes raíces, luego como presentador de reality shows en «The Apprentice» y «Celebrity Apprentice», y más tarde como Presidente.
La oficina de James ha pasado más de tres años investigando valoraciones fraudulentas o engañosas de las propiedades de Trump en los estados financieros anuales que se entregaron a posibles socios comerciales, bancos o funcionarios fiscales.
El objetivo de esto, ha dicho la oficina de la Fiscal General, era pulir la imagen de multimillonario de Trump y el valor de sus propiedades cuando hacerlo le daba una ventaja, mientras minimizaba el valor de los activos en otros momentos para ganar beneficios.
«La presentación de hoy no se enfoca en los hechos ni en la ley; más bien, se enfoca únicamente en promover la agenda política de la Fiscal General. Está muy claro que la Oficina de la Fiscal General se ha excedido en su autoridad estatutaria al entrometerse en transacciones en las que no ha habido absolutamente ningún delito», dijo Alina Habba, abogada de Trump.
«Confiamos en que nuestro sistema judicial no tolerará este abuso de autoridad descontrolado, y esperamos defender a nuestro cliente contra todas y cada una de las afirmaciones sin fundamento de la Fiscal General».
