Conecta con nosotros

Dinero

Demandan a Mexicana de Aviación por más de 800 mdd

Published

on

SAT Aero Holdings señaló que Mexicana rompió su acuerdo al no pagar más de 5.5 mdd para arrendar los primeros aviones.

SAT Aero Holdings señaló que Mexicana rompió su acuerdo al no pagar más de 5.5 mdd para arrendar los primeros aviones.

La nueva aerolínea estatal de México, Mexicana de Aviación, fue demandada por la firma que el Gobierno contrató para gestionar el arrendamiento de aviones y contratar las tripulaciones, señalando que la falta de cooperación de la aerolínea puso en peligro a toda la compañía, de acuerdo con una nota publicada este miércoles por Bloomberg.

SAT Aero Holdings, conocida anteriormente como Petrus Aero Holdings, presentó la demanda, en un tribunal federal de Nueva York, en reclamación de daños y perjuicios por el monto total de su contrato de 838.5 millones de dólares (mdd), más otros 2.4 millones en costos, de acuerdo con dicha agencia de noticias.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en diciembre el inicio de operaciones de Mexicana, luego de comprar el nombre a la empresa que dejó de volar en 2010. El Gobierno la ha comercializado como una nueva aerolínea de lista de bajos costos para competir con Volaris y Viva Aerobús. La compañía registró 160 vuelos en enero, según estadísticas gubernamentales”, publicó Bloomberg.

López Obrador, de acuerdo con la agencia, dijo el año pasado que el Gobierno buscaba arrendar inicialmente 10 aviones Boeing 737, pero Mexicana ahora alquila al menos una parte de sus aviones a otro avión regional, TAR Aerolíneas.

En la denuncia, añadió la plataforma de noticias, el SAT fue contratado por la Secretaría de la Defensa Nacional para prestar servicios que incluían la adquisición de aeronaves y seguros, la contratación y formación de pilotos y tripulación y la organización del mantenimiento de las aeronaves. Según el medio especializado, la empresa declaro que se entendía que compraría aviones para Mexicana, y que el Gobierno asumiría en última instancia el costo.

“Sin embargo, señaló que Mexicana rompió su acuerdo al no pagar más de 5.5 mdd en depósitos para que el SAT pudiera arrendar los dos primeros de los 10 aviones”.

La empresa afirmó que “siguió adelante” y trató de “hacer todo lo posible para mantener la importante relación comercial a largo plazo”, mientras seguía negociando los contratos de arrendamiento.

“Desafortunadamente, después de que el SAT pasara meses negociando los documentos de financiación y arrendamiento pertinentes con el banco y los arrendadores potenciales, la aerolínea se negó a firmar los documentos con estas instituciones”, comentó la arrendadora en la demanda según el medio citado.

“SAT se ha esforzado por trabajar con la Secretaría de la Defensa Nacional para resolver estos problemas. Sin embargo, en lugar de subsanar estos incumplimientos, Mexicana de Aviación ha intentado imponer sanciones económicas al SAT y responsabilizarla de la no entrega de ninguna de las aeronaves identificadas”, detalló.

La Secretaría de Defensa Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

 

Dinero

Avala Congreso Fortalecimiento Financiero para el Estado

Published

on

-Por tres mil millones de pesos que serán inversión pública productiva.

La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos autorizó al Poder Ejecutivo del Estado a realizar las operaciones de financiamiento establecidas hasta por los montos y conforme a los destinos, términos y condiciones previstos en el mismo, por la cantidad de $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), más los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva.

Dicho monto habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.

Fue la diputada Carla Rivas Martínez la encargada de presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, quien refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho financiamiento.

En este sentido y una vez autorizado financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes.

Los recursos derivados del Financiamiento para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP) deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva destinados a:

-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
-Construcción de vías de comunicación.
-División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
-Edificación no habitacional.
-Instalación y equipamiento en construcciones.
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
-Infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
-Infraestructura y equipamiento en el sector salud.
-Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.

En los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión público productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.

Cabe destacar que se aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto, en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal. Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto