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DEMOCRACIA SIMULADA POR VICTOR M. QUINTANA SILVEIRA

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DEMOCRACIA SIMULADA
Por: Víctor M. Quintana S.
La transición a la democracia en México está atorada en buena medida porque se simula que hay procesos auténticamente democráticos. Lo que ocurrió en Chihuahua en tan sólo una semana lo viene a confirmar: se simula la exigencia de cuentas, se simula el debate, se simulan la apertura y el pluralismo.
El súbito redescubrimiento del cochinero en Unión Progreso.
De pronto Unión Progreso acaparó los titulares que por asuntos más importantes no había logrado. Haberlo sabido: bastaba con que alguien que fuera de un partido adversario del PRI tuviera alguna relación con esa institución bancaria para que se hiciera el escándalo.
La denuncia seria, fundamentada, del Lic. Jaime García Chávez, cuyo expediente consta ya de 92 tomos de mil hojas cada uno en la Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR no acaparó tantos titulares como el señalamiento de esta semana. Éste fue hecho por Alan Falomir, candidato a diputado federal del Movimiento Ciudadano, a Juan Blanco, candidato a su vez del PAN en el mismo sexto distrito. Claro, como la primera involucra al propio Gobernador del Estado, a su Secretario de Hacienda y al ex Director de la Junta Central de Aguas, ex Director del Fideapech y ahora candidato a diputado federal Carlos Hermosillo, no había que darle tanto revuelo si se quería seguir cobrando con tranquilidad en la Coordinación de Comunicación Social de Aldama y Vicente Guerrero.
¿Por qué el candidato del Movimiento Ciudadano, así como citó a Juan Blanco para que diera su explicación sobre su adeudo y su eventual carácter de socio de Unión Progreso, no citó a César Duarte, Jaime Herrera y Carlos Hermosillo a que explicaran su participación accionaria en Banco Progreso y el origen de ésta? ¿Por qué en su momento no se sumó a la denuncia de García Chávez, retomada luego por Unión Ciudadana? Ciertamente Juan Blanco tendrá que dar una explicación convincente y transparente de todo este enredo, pero también los tres personajes arriba citados. ¿Será que el bien articulado candidato naranja de encabritado pasó a encapritado?
A partir del adeudo –parece más real que supuesto- de Blanco a Unión Progreso, se suscitó el celo digno de mejores causas del caporal del Congreso. Ahora actuó cobrador de la institución bancaria de la cual su jefe es el mayor accionista en lugar de vigilar el recto uso de los recursos públicos a través de una inocua Comisión de Fiscalización.
Como tienen una cola tan larga ellos mismos se la pisan sin saberlo. También arremetieron contra Blanco por el adeudo a Fideapech que, con razón debe también explicar. Pero allá en la lejana Parral, el candidato a diputado federal por el PRI Carlos Hermosillo, ex director de Fideapech en 2011, no transparenta su gestión de ese período, ni los créditos que otorgó, ni siquiera si él ha sido beneficiario de ellos. Rehúye sistemáticamente cualquier debate.

Empresariado bipartidista
Hablando de debates es necesario referirse al Encuentro con Candidatos promovido por el Consejo Coordinador Empresarial en la ciudad de Chihuahua. Sólo fueron requeridos quienes representan al PAN y al PRI. Ahora sí acudieron con presteza los tricolores que rechazan debatir y sólo acuden a exposiciones paralelas de candidatos, donde no se les toque ni con el pétalo de una pregunta.
Con esta invitación quienes dirigen el CCE mostraron su bipartidismo excluyente. Para ellos sólo hay de dos sopas, las demás, no valen la pena. Prueba de ello es que luego Madero y Ramírez se acusaron mutuamente, uno por panista y el otro, por priísta. El mensaje que le mandan a la sociedad es que hay que aplicar la “realpolitik” y sólo escuchar a quien según ellos pueden ganar. Si el apoyo a los partidos que pueden ganar, independientemente de las prácticas de éstos, es su valor máximo en política, que no anden pregonando que son plurales, abiertos y que otros son sus valores. Ciertamente este agrupamiento empresarial puede invitar a su casa a quien se le pegue la gana, pero esto no es lo más coherente con lo que acaba de declarar su presidente nacional Gerardo Gutiérrez Candiani en el sentido que México “requiere un sistema de partidos sólido” y que “… la democracia para desarrollarse, necesita demócratas, con congruencia entre lo que dicen y lo que practican; entre lo que predican y su comportamiento fuera del escrutinio público.” (Boletín de prensa del CCE, 25 de mayo de 2015).
La simulación de los debates.
Por último, diversos medios y organismos cuando organizan un “debate” entre candidatos insisten en que sólo gire en torno a las “propuestas” de éstos. ¿Es esto un verdadero debate? ¿Puede basarse la elección de un candidato o partido solamente en lo que propone para el futuro y no lo que hizo en el pasado reciente? ¿Acaso no es procedente que se les demande coherencia entre lo que han hecho y lo que pretenden hacer? Por ejemplo, ¿con qué bases se le puede creer a un candidato que propone el combate frontal a la corrupción cuando él o ella ha sido pieza clave en el sistema que favorece y sirve de tapadera a la corrupción?
Se dice que eso se hace porque la ciudadanía está cansada de los ataques entre partidos. No, la ciudadanía está cansada de que la traten como débil mental, como amnésica ante la historia. De que un partido critique a otro cuando incurre en las mismas malas prácticas del criticado. De que candidatos al legislativo nos prometan como si fueran parte de un poder Ejecutivo sin contrapesos. Ahora resulta que, para que la gente tome interés en los debates, estos deben ser anodinos.
Como dice el dirigente empresarial arriba citado, la democracia para desarrollarse necesita demócratas. Lo que apreciamos en estos casos son demócratas simulados. Así no llegaremos lejos.

Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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