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Opinión

democracia y ciudadanía. por francisco rodriguez pétrz

Acaba de pasar un proceso electoral más en nuestro país. Más allá de las victorias o las derrotas de los aspirantes y los partidos, quedan insatisfacciones –si es que se quiere identificar a las elecciones con la democracia– y, con ello, la necesidad de profundizar en los comportamientos de la ciudadanía.

Hay esfuerzos que apuntan a mayores exigencias al respecto de la participación ciudadana y la democracia, como los trabajos que actualmente está realizando Kenny Arroyo, a nivel internacional, en materia de transparencia y rendición de cuentas, participación de las juventudes en la democracia y, en general, la participación ciudadana, con más grandes aspiraciones e inspiraciones.

Con base en algunas de las aportaciones de esta brillante y talentosa joven, desarrollaré algunas ideas respecto a la democracia y la ciudadanía.

La democracia es un sistema de gobierno y se pretende también un estilo de vida, pero, en última instancia, se la ha centrado en el voto, en las instituciones y los procedimientos electorales, como hemos visto apenas el primer domingo de junio.

Pero esa discusión viene de varios años anteriores. En México, al menos desde 1977 cuando el destacado político, intelectual e historiador Jesús Reyes Heroles, daba los primeros pasos hacia una reforma política de carácter democrático, tratando de darle forma a un México plural. Lamentablemente, desde entonces, la discusión se ha centrado en lo electoral más que en lo democrático.

Pero eso no ha ocurrido sólo en México.

Creo que vale la pena analizar parte de las propuestas históricas en el sentido que propone la joven Arroyo: El siglo XXI requiere actualizar aquella democracia, con más grandes aspiraciones: una ciudadanía que no sólo elija gobernantes, sino que ejerza el gobierno, a través de los diversos mecanismos de participación como son y deben ser, por ejemplo, la transparencia y la rendición de cuentas.

Para profundizar en las relaciones democracia-ciudadanía, hay que remontarnos, pues, a los “modelos” o las “teorías” de la democracia, para analizarlos tanto como sistemas de gobierno cuanto como tipos de sociedad.

La referencia podríamos situarla en los términos en que los plantean McPherson, en su libro “La democracia liberal y su época”, Held, en su obra “Modelos de la democracia”, y Kelsen con su “Esencia y valor de la democracia”, entre otros.

Sigamos la argumentación de Kenny: La democracia liberal, según McPherson, se inició hace, apenas, poco más de 150 años, primero como concepto y después como institución.

En efecto, los valores liberales surgieron en las sociedades capitalistas de mercado, con el principio fundamental de la libertad del hombre y de la mujer para realizar sus capacidades humanas.

Si bien la democracia en los postulados liberales es un mecanismo para elegir y autorizar a los gobiernos, y sus decisiones políticas, también es la calidad de vida en el funcionamiento y tipo de la sociedad, es decir, un conjunto de relaciones entre la ciudadanía.

Antes del siglo XIX –sostiene McPherson– no hay alguna teoría importante justificativa, o siquiera analítica de la democracia.

Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, de acuerdo con este autor, se sucedieron tres modelos de la democracia liberal: 1) Democracia como protección a los gobernados contra la opresión de los gobiernos; 2) Democracia como desarrollo individual de la propia

personalidad; y 3) Democracia como equilibrio, sin mucha participación popular, que describe y justifica la competencia elitista (que es el modelo imperante).

McPherson propone un cuarto modelo: la democracia como participación.

Por su parte, Held plantea algunas precisiones al esquema cuando separa los modelos clásicos (democracias clásica, liberal o representativa, protectora, desarrollista, directa, y desarrollista radical) de los modelos contemporáneos (democracias legal, elitista competitiva, y pluralista con variantes de la democracia participativa).

El primer modelo –donde la democracia es vista como protección de los gobernados frente a los gobernantes–especialmente impulsado por Bentham y James Mill, creadores de la teoría general del utilitarismo, ya en el siglo XIX, plantea que el sufragio universal llegó por etapas, pero antes de su expansión las instituciones y la ideología del individualismo liberal ya se habían establecido.

Hasta que el ejercicio del derecho al sufragio pudo elevar o derrocar gobiernos, se convirtió en un criterio democrático, muy diferente a las visiones anteriores.

En el segundo modelo –donde la democracia es vista como desarrollo– promovido por John Stuart Mill, primero, y después por autores ingleses y estadounidenses, como los idealistas Barker, Lindsay y MacIver, los pragmáticos

representados por Dewey, y los neoutilitaristas como Hobhouse, el ser humano ejerce y disfruta sus capacidades.

El argumento principal es que este sistema daba a todos los ciudadanos un interés directo en los actos del gobierno, y un incentivo para participar activamente, por lo menos hasta el punto de votar por el gobierno o en contra de él, y según se esperaba, también para informarse y formar sus opiniones. La democracia llevaba al pueblo a las actividades del gobierno, al dar a todos un interés práctico, que podría ser afectivo porque sus votos podían derribar a un gobierno.

En este modelo había un supuesto básico: la democracia haría que la gente fuese más activa, más enérgica, y avanzaría en cuanto al intelecto, la virtud, la actividad práctica y la eficacia.

El tercer modelo –donde la democracia es elitista porque asigna el papel principal en el proceso político a grupos de dirigentes que se escogen a sí mismos– fue formulado principalmente por Schumpeter a mediados del siglo XX, quien representa a la democracia solamente como un mecanismo para elegir y autorizar gobiernos, no un tipo de sociedad ni un conjunto de objetivos morales: consiste en una competencia entre dos o más grupos de políticos, organizados en partidos, para conseguir los votos que les darán el derecho de gobernar hasta las siguientes elecciones.

“Sin ayuda de los antiguos se ha logrado edificar ahora la democracia electoral o vertical”, asegura Sartori en su obra “Teoría de la democracia”.

En este modelo, sin embargo, predominan la apatía, la falta de interés, la ignorancia, la participación mínima de la inmensa mayoría, como hemos visto en las elecciones pasadas.

En términos generales, se trata de un electorado estratificado, con una minoría activa en la capa superior del mismo; esa ciudadanía estratificada, que toma parte activa en la política, que vota, asiste a juntas, se entera, está pendiente, es muy pequeña, menor al 10 por ciento de la población adulta, según explica Baber en su libro “El ciudadano político”.

McPherson propone un cuarto modelo –donde la democracia es vista como participación– que se inició por parte de los movimientos estudiantiles y de las tendencias neoizquierdistas, para luego difundirse entre la clase obrera.

Esta teoría, que tuvo sus orígenes en los años sesenta del siglo XX, pugna por una presencia considerable de la ciudadanía en la formulación de las decisiones del gobierno. Ello produjo que aún los propios gobiernos crearan esquemas de participación ciudadana.

La sociedad y el gobierno plantean simetrías en la actividad política. Cada vez más se borra la distancia entre las clases gobernante y gobernada.

Este modelo se basa en el auge de los movimientos y las asociaciones de barrios y de comunidades, que son formados para ejercer presiones. De esa forma actúan respecto de las decisiones del gobierno, sin embargo no tratan de sustituir a la estructura política, sino sólo de someterla a nuevas presiones, como lo plantea Villasante en su libro “Las democracias participativas. De la participación ciudadana a las alternativas de sociedad”.

“Esta es la opción para los actuales gobiernos de inspiración y aspiración izquierdista”, sostiene Kenny Arroyo.

En la democracia participativa el pueblo se articula orgánica y no mecánicamente, y la formación de la voluntad estatal no responde al azar de la mayoría, sino que todo grupo del pueblo tiene la participación que le corresponde según su papel en el conjunto, como señala Kelsen en su “Esencia y valor de la democracia”.

Es decir, la democracia descansa sobre la responsabilidad de los ciudadanos. La democratización transforma una comunidad en sociedad regulada por leyes y al Estado en representante de la sociedad, al mismo tiempo que limita su poder mediante los derechos fundamentales. La ciudadanía resulta indispensable para el pensamiento democrático, en tanto que separa a la sociedad civil de la sociedad política y garantiza los derechos jurídicos y políticos, en los términos que sostiene Touraine en su obra “¿Qué es la democracia?”

A contrapelo de Dunn, quien en su libro “La agonía del pensamiento político occidental”, sostiene que andan sueltas hoy por el mundo, en realidad, dos diferentes teorías democráticas desarrolladas: una de ellas deprimentemente ideológica, la democracia representativa, y otra, evidentemente utópica, la democracia participativa, o de Burnham, quien asegura que la democracia como autogobierno o gobierno del pueblo es imposible; un mito, una fórmula, o desviación que no corresponde a ninguna realidad actual o posible, sigamos pensando en una democracia participativa.

Lo expresado por Dunn y Burnham, puede incitar, motivar y entusiasmar, para que los gobiernos de izquierda intenten realizar la “utopía” de la democracia participativa, o el “mito”, la “fórmula” o la “desviación”, que para el pensamiento conservador, la derecha o la reacción, significa el autogobierno o el gobierno del pueblo.

Sigamos pensando desde una democracia de aspiraciones e inspiraciones izquierdistas como las que estudia Kenny Arroyo. En próximas colaboraciones analizaré las correlaciones entre ciudadanía y democracia, porque el nacimiento de una ciudadanía es el primer paso, y en muchos aspectos el más sencillo, en la creación de regímenes democráticos. ¡Hasta siempre!

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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