Connect with us

Opinión

democracia y ciudadanía. por francisco rodriguez pétrz

Acaba de pasar un proceso electoral más en nuestro país. Más allá de las victorias o las derrotas de los aspirantes y los partidos, quedan insatisfacciones –si es que se quiere identificar a las elecciones con la democracia– y, con ello, la necesidad de profundizar en los comportamientos de la ciudadanía.

Hay esfuerzos que apuntan a mayores exigencias al respecto de la participación ciudadana y la democracia, como los trabajos que actualmente está realizando Kenny Arroyo, a nivel internacional, en materia de transparencia y rendición de cuentas, participación de las juventudes en la democracia y, en general, la participación ciudadana, con más grandes aspiraciones e inspiraciones.

Con base en algunas de las aportaciones de esta brillante y talentosa joven, desarrollaré algunas ideas respecto a la democracia y la ciudadanía.

La democracia es un sistema de gobierno y se pretende también un estilo de vida, pero, en última instancia, se la ha centrado en el voto, en las instituciones y los procedimientos electorales, como hemos visto apenas el primer domingo de junio.

Pero esa discusión viene de varios años anteriores. En México, al menos desde 1977 cuando el destacado político, intelectual e historiador Jesús Reyes Heroles, daba los primeros pasos hacia una reforma política de carácter democrático, tratando de darle forma a un México plural. Lamentablemente, desde entonces, la discusión se ha centrado en lo electoral más que en lo democrático.

Pero eso no ha ocurrido sólo en México.

Creo que vale la pena analizar parte de las propuestas históricas en el sentido que propone la joven Arroyo: El siglo XXI requiere actualizar aquella democracia, con más grandes aspiraciones: una ciudadanía que no sólo elija gobernantes, sino que ejerza el gobierno, a través de los diversos mecanismos de participación como son y deben ser, por ejemplo, la transparencia y la rendición de cuentas.

Para profundizar en las relaciones democracia-ciudadanía, hay que remontarnos, pues, a los “modelos” o las “teorías” de la democracia, para analizarlos tanto como sistemas de gobierno cuanto como tipos de sociedad.

La referencia podríamos situarla en los términos en que los plantean McPherson, en su libro “La democracia liberal y su época”, Held, en su obra “Modelos de la democracia”, y Kelsen con su “Esencia y valor de la democracia”, entre otros.

Sigamos la argumentación de Kenny: La democracia liberal, según McPherson, se inició hace, apenas, poco más de 150 años, primero como concepto y después como institución.

En efecto, los valores liberales surgieron en las sociedades capitalistas de mercado, con el principio fundamental de la libertad del hombre y de la mujer para realizar sus capacidades humanas.

Si bien la democracia en los postulados liberales es un mecanismo para elegir y autorizar a los gobiernos, y sus decisiones políticas, también es la calidad de vida en el funcionamiento y tipo de la sociedad, es decir, un conjunto de relaciones entre la ciudadanía.

Antes del siglo XIX –sostiene McPherson– no hay alguna teoría importante justificativa, o siquiera analítica de la democracia.

Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, de acuerdo con este autor, se sucedieron tres modelos de la democracia liberal: 1) Democracia como protección a los gobernados contra la opresión de los gobiernos; 2) Democracia como desarrollo individual de la propia

personalidad; y 3) Democracia como equilibrio, sin mucha participación popular, que describe y justifica la competencia elitista (que es el modelo imperante).

McPherson propone un cuarto modelo: la democracia como participación.

Por su parte, Held plantea algunas precisiones al esquema cuando separa los modelos clásicos (democracias clásica, liberal o representativa, protectora, desarrollista, directa, y desarrollista radical) de los modelos contemporáneos (democracias legal, elitista competitiva, y pluralista con variantes de la democracia participativa).

El primer modelo –donde la democracia es vista como protección de los gobernados frente a los gobernantes–especialmente impulsado por Bentham y James Mill, creadores de la teoría general del utilitarismo, ya en el siglo XIX, plantea que el sufragio universal llegó por etapas, pero antes de su expansión las instituciones y la ideología del individualismo liberal ya se habían establecido.

Hasta que el ejercicio del derecho al sufragio pudo elevar o derrocar gobiernos, se convirtió en un criterio democrático, muy diferente a las visiones anteriores.

En el segundo modelo –donde la democracia es vista como desarrollo– promovido por John Stuart Mill, primero, y después por autores ingleses y estadounidenses, como los idealistas Barker, Lindsay y MacIver, los pragmáticos

representados por Dewey, y los neoutilitaristas como Hobhouse, el ser humano ejerce y disfruta sus capacidades.

El argumento principal es que este sistema daba a todos los ciudadanos un interés directo en los actos del gobierno, y un incentivo para participar activamente, por lo menos hasta el punto de votar por el gobierno o en contra de él, y según se esperaba, también para informarse y formar sus opiniones. La democracia llevaba al pueblo a las actividades del gobierno, al dar a todos un interés práctico, que podría ser afectivo porque sus votos podían derribar a un gobierno.

En este modelo había un supuesto básico: la democracia haría que la gente fuese más activa, más enérgica, y avanzaría en cuanto al intelecto, la virtud, la actividad práctica y la eficacia.

El tercer modelo –donde la democracia es elitista porque asigna el papel principal en el proceso político a grupos de dirigentes que se escogen a sí mismos– fue formulado principalmente por Schumpeter a mediados del siglo XX, quien representa a la democracia solamente como un mecanismo para elegir y autorizar gobiernos, no un tipo de sociedad ni un conjunto de objetivos morales: consiste en una competencia entre dos o más grupos de políticos, organizados en partidos, para conseguir los votos que les darán el derecho de gobernar hasta las siguientes elecciones.

“Sin ayuda de los antiguos se ha logrado edificar ahora la democracia electoral o vertical”, asegura Sartori en su obra “Teoría de la democracia”.

En este modelo, sin embargo, predominan la apatía, la falta de interés, la ignorancia, la participación mínima de la inmensa mayoría, como hemos visto en las elecciones pasadas.

En términos generales, se trata de un electorado estratificado, con una minoría activa en la capa superior del mismo; esa ciudadanía estratificada, que toma parte activa en la política, que vota, asiste a juntas, se entera, está pendiente, es muy pequeña, menor al 10 por ciento de la población adulta, según explica Baber en su libro “El ciudadano político”.

McPherson propone un cuarto modelo –donde la democracia es vista como participación– que se inició por parte de los movimientos estudiantiles y de las tendencias neoizquierdistas, para luego difundirse entre la clase obrera.

Esta teoría, que tuvo sus orígenes en los años sesenta del siglo XX, pugna por una presencia considerable de la ciudadanía en la formulación de las decisiones del gobierno. Ello produjo que aún los propios gobiernos crearan esquemas de participación ciudadana.

La sociedad y el gobierno plantean simetrías en la actividad política. Cada vez más se borra la distancia entre las clases gobernante y gobernada.

Este modelo se basa en el auge de los movimientos y las asociaciones de barrios y de comunidades, que son formados para ejercer presiones. De esa forma actúan respecto de las decisiones del gobierno, sin embargo no tratan de sustituir a la estructura política, sino sólo de someterla a nuevas presiones, como lo plantea Villasante en su libro “Las democracias participativas. De la participación ciudadana a las alternativas de sociedad”.

“Esta es la opción para los actuales gobiernos de inspiración y aspiración izquierdista”, sostiene Kenny Arroyo.

En la democracia participativa el pueblo se articula orgánica y no mecánicamente, y la formación de la voluntad estatal no responde al azar de la mayoría, sino que todo grupo del pueblo tiene la participación que le corresponde según su papel en el conjunto, como señala Kelsen en su “Esencia y valor de la democracia”.

Es decir, la democracia descansa sobre la responsabilidad de los ciudadanos. La democratización transforma una comunidad en sociedad regulada por leyes y al Estado en representante de la sociedad, al mismo tiempo que limita su poder mediante los derechos fundamentales. La ciudadanía resulta indispensable para el pensamiento democrático, en tanto que separa a la sociedad civil de la sociedad política y garantiza los derechos jurídicos y políticos, en los términos que sostiene Touraine en su obra “¿Qué es la democracia?”

A contrapelo de Dunn, quien en su libro “La agonía del pensamiento político occidental”, sostiene que andan sueltas hoy por el mundo, en realidad, dos diferentes teorías democráticas desarrolladas: una de ellas deprimentemente ideológica, la democracia representativa, y otra, evidentemente utópica, la democracia participativa, o de Burnham, quien asegura que la democracia como autogobierno o gobierno del pueblo es imposible; un mito, una fórmula, o desviación que no corresponde a ninguna realidad actual o posible, sigamos pensando en una democracia participativa.

Lo expresado por Dunn y Burnham, puede incitar, motivar y entusiasmar, para que los gobiernos de izquierda intenten realizar la “utopía” de la democracia participativa, o el “mito”, la “fórmula” o la “desviación”, que para el pensamiento conservador, la derecha o la reacción, significa el autogobierno o el gobierno del pueblo.

Sigamos pensando desde una democracia de aspiraciones e inspiraciones izquierdistas como las que estudia Kenny Arroyo. En próximas colaboraciones analizaré las correlaciones entre ciudadanía y democracia, porque el nacimiento de una ciudadanía es el primer paso, y en muchos aspectos el más sencillo, en la creación de regímenes democráticos. ¡Hasta siempre!

Opinión

Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Más visto