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Denuncia alcalde de Parral proceso viciado en SCJN por tema de estancias infantiles

Luego de 9 meses de defensa de las niñas y niños y las madres y padres trabajadores, el Presidente Municipal de Parral, Alfredo Lozoya, lamentó lo que calificó como un proceso viciado en contra de reintegrar el presupuesto a las Estancias infantiles.

Sin embargo, dio a conocer que esta lucha no termina aquí y anunció que se mandará una iniciativa de Ley al Senado para que la Suprema Corte jamás tenga pretextos para que las Controversias sean un método efectivo para proteger los derechos humanos y también se acudirá ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a plantear esta violación.

Destacó que se trata de una flagrante violación al proceso de resolución de la Controversia Constitucional al ser la primera sala la que resolvió el medio de control presentado por el Ayuntamiento de Parral en febrero de este año por la cancelación del programa de Estancias Infantiles.

Recordó que el propio Pleno de la SCJN, en julio emitió el acuerdo general 9/2019 donde informó que sería este máximo órgano jurisdiccional del país un caso relevante con impacto en la vida cotidiana de 330 mil niñas y niños en todo México.

Señaló que el ministro instructor, González Alcántara Carrancá, presentó un proyecto en el cual no se nos concedió la razón, decisión que a la vez fue rechazado de manera tajante por la ministra, Piña Hernández.

Lozoya Santillán lamentó que se haga evidente un componente de género que impacta en la actividad cotidiana de cientos de miles madres trabajadoras de nuestro país donde la ministra, Piña, justamente una mujer da una lección a sus pares, los cuatro hombres que convalidan una violación flagrante a los derechos humanos de las mujeres en México.

Habló de una situación más que lamentable ya que la SCJN vive un proceso de grave deslegitimación gradual derivado de la renuncia del ministro, Medina Mora, en una coyuntura donde ayer finalmente el Senado, sin conocer las razones que se exigen constitucionalmente para conocer los motivos de la renuncia del ministro, convalidó esta, por lo que no se puede descartar que el factor haya influido en la decisión de los cuatro ministros integrantes de la Primera Sala.

Concluyó, que adicionalmente se acudirá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington D.C. a fin de plantear la violación a diversas disposiciones de la Convención Americana de los Derechos Humanos para ganar este asunto, para que los Tribunales Internacionales le enmienden de nueva cuenta la plana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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