La Secretaría de la Función Pública de Gobierno del Estado, presentó formal denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), a fin de que se investiguen penalmente, hechos posiblemente constitutivos de delito electoral, por las retenciones que se hicieron, a funcionarios durante la pasada administración, para entregar y beneficiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Como parte de la denuncia, se adjuntó evidencia documental, que acredita cómo los descuentos ilegales, realizados por la Secretaría de Hacienda a más de 700 servidores públicos, fueron entregados al secretario de Administración y Finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Chihuahua, quien recibió en efectivo como “aportaciones del Ejecutivo para el PRI Estatal”.
Tan solo de enero a diciembre del 2015, y únicamente considerando las retenciones de la Administración Pública Estatal centralizada, el monto asciende a 14 millones 617 mil 881 pesos. En tanto que el total retenido al sector centralizado, y entregado al PRI durante la administración 2010-2016, supera los 79 millones de pesos.
Entre las pruebas presentadas destacan:
1.- Relación de todos los servidores públicos a quienes les fue retenido parte de su ingreso, así como los “talones de pago” en los que se observa el monto que correspondía a cada persona y el monto que se recibió realmente una vez aplicado el descuento ilegal.
2.-Copias de los cheques indebidamente autorizados, endosados y cobrados cada mes, por los entonces funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua.
3.- Recibos firmados por el secretario de Administración y Finanzas del PRI estatal, por el monto total retenido cada mes, a los servidores públicos.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales, establece en su Artículo 11, una pena de dos a nueve años de prisión, para aquel servidor público que “Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie, para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política”.

Con la presentación de esta denuncia, se reitera el compromiso del gobernador Javier Corral, de llevar ante la justicia, a quienes cometieron actos delictivos en el ejercicio de las funciones públicas y que afectaron el patrimonio de los chihuahuenses.