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Denuncia diputado maltrato a animal de compañía por policías de Aldama

Autoridades de Seguridad Pública en la Entidad, toman los exhortos del Congreso simplemente como sugerencias y buenas intenciones, señaló el Diputado Hever Quezada Flores, al denunciar, mediante una iniciativa de Acuerdo, la crueldad hacia los animales de compañía por parte de agentes de la Policía Municipal de ciudad Aldama.

“Hace un año hicimos un llamado a las autoridades a fin de que los elementos de seguridad fueran capacitados y sensibilizados en cuanto al trato que se les da a los animales de compañía; también hemos exhortado para que se apliquen las sanciones correspondientes, pero de manera vergonzosa vemos cómo es que al pasar del tiempo y de la conmoción que causan estos casos, las autoridades hacen caso omiso al llamado”, señaló en tribuna.

Dijo que en días pasados se difundió en diversos medios y redes sociales, un hecho que ha causado enojo e indignación de la población, quien haciendo una denuncia pública busca esclarecer los hechos y en su caso sancionar tan reprochable conducta: Agentes de la policía municipal del municipio de Aldama, a quienes los mismos denunciantes identifican como agentes de la patrulla identificada con las siglas P-08, ingresaron ante el llamado de un vecino al Residencial Leones y mataron a golpes a un perro presuntamente callejero que se encontraba en el lugar.

Además, señaló que la concientización en cuanto al trato ético hacia los animales, ha ido avanzando hasta ser en estos días un compromiso que se traduce en leyes y normas que protegen la integridad de aquellos seres vivos con quienes cohabitamos el planeta, y la lucha por erradicar el maltrato animal cada vez une más voluntades; sin embargo, a pesar de los esfuerzos, de las leyes y de las denuncias sociales que se hacen cada vez más públicas gracias a las redes sociales, estos casos aún ocurren bajo la más descarada impunidad.

“El tipificar el maltrato animal ha sido un arduo trabajo que se ha logrado después de los esfuerzos de diversos sectores de la población, y no permitiremos que se quede en letra muerta, no permitiremos que estos casos queden impunes”, declaró el legislador.

De ahí que en sesión del Congreso del Estado celebrada este día, el pleno legislativo aprobó el exhorto presentado por el legislador para convocar al titular de la Policía Municipal de Aldama a que realice las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos expuestos y se suspenda administrativamente a los agentes involucrados y se sancione conforme a la ley las conductas que contravengan lo dispuesto por la Ley de Bienestar Animal y el Código Penal del Estado.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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