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Denuncia SAT a 8 empleados ante el MP

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Durante el primer trimestre del año, en el arranque del nuevo gobierno, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció a ocho funcionarios ante el Ministerio Público (MP), dos de ellos son del área de Aduanas del Norte- Centro, por contrabando y el equiparable a éste.

El resto de las denuncias fueron ante el Órgano Interno de Control (OIC), con 199, casi la mayoría, con 70 casos, contra trabajadores de la Administración General de Aduanas (AGA) por diversas responsabilidades administrativas.

Respecto a igual periodo de 2018, el número de denuncias en materia penal no varió, pero aumentaron las correspondientes al OIC, al pasar de 164 a 199.

En el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, entre enero y marzo de 2013, el SAT no realizó ninguna denuncia ante el MP, pero de manera interna fueron señalados 271 empleados, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La actual información señala como delitos cometidos por servidores el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática y extorsión en grado de tentativa, lo que generó una denuncia penal contra un trabajador de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) región sureste.

También por ejercicio indebido, un empleado de la AGAFF de la zona metropolitana fue acusado penalmente, y cuatro más de la misma área por actuar contra la administración de justicia. Las áreas del SAT más vulnerables a la corrupción son la de las aduanas y de auditorías fiscales.

Fuente: Vanguardia

Capital

Municipio asegura que gaza de Teófilo Borunda y Juventud es totalmente legal

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La Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua defendió la legalidad de la construcción de la gaza de incorporación de la avenida Teófilo Borunda al Periférico de la Juventud, luego de los cuestionamientos realizados por agrupaciones ambientalistas que señalaron presuntas irregularidades en el proyecto.

El titular de la dependencia, Carlos Rivas, afirmó que la obra cuenta con todas las autorizaciones necesarias y que ningún trabajo habría podido iniciar sin el aval previo de las instancias municipales, estatales y federales correspondientes.

“No podemos iniciar obras si no tenemos la aprobación de las autoridades; toda esa información se puede solicitar a través de Transparencia y de la propia Dirección de Obras Públicas”, puntualizó el funcionario.

Rivas sostuvo que el proyecto se desarrolla bajo el marco normativo vigente y que la documentación que lo respalda está disponible para consulta pública. Invitó a las personas interesadas a utilizar los mecanismos oficiales para verificar permisos, estudios y dictámenes que avalan la intervención.

Las declaraciones surgen después de que colectivos ambientalistas expresaran preocupación por el posible impacto de la gaza en la movilidad y en el entorno urbano, además de cuestionar el proceso de autorizaciones.

El Municipio reiteró que la obra busca mejorar la fluidez vehicular en uno de los puntos con mayor carga de tránsito de la capital y aseguró que continuará abierta al escrutinio ciudadano para despejar cualquier duda sobre su ejecución.

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