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Denuncian 88 ataques a ambientalistas en México entre 2016 y 2017

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Entre julio de 2016 a diciembre de 2017, se registraron 88 casos de ataques en contra de defensores ambientales en México.

Entre estos 29 ambientalistas fueron asesinados, se reporta en el Informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda).

Entre los 29 defensores ambientales asesinados, CEMDA destaca el caso de Isidro Baldenegro, indígena Rarámuri galardonado con el premio Goldman por su defensa del bosque y su territorio.

En este periodo se presentaron 34 despojos de tierras y confrontaciones con mineras; 14 sometimientos a resistencias a construcciones de vialidades y otros proyectos de infraestructura; 8 por protestas a hidroeléctricas ( 8 casos); 7 ataques a defensores del agua y 5 a inconformes con proyectos inmobiliarios; 4 casos de agresiones a activistas contras obras de energía renovable (4 casos); 4 contra la siembra de transgénicos (4 casos) y 3 contra inconformes contra la tala clandestina.

De los 88 casos registrados 18% denuncia agresiones físicas, seguidas de la criminalización con un 16%, y el homicidio con un 15%.

El 36% de los ataques provinieron de las autoridades; 57% de los agresores fueron autoridades estatales, 26% municipales y 17% federales, alerta CEMDA.

Los números más altos de ataques se reportan en el Estado de México con 10 casos; seguido de Oaxaca y Puebla con 8 casos, y Chiapas y Sonora con 6 casos.

Estos ataques afectaron a 240 personas, así como a 10 organizaciones y 30 comunidades campesinas y/o indígenas.

Gustavo Alanís Ortega, presidente y fundador del Cemda, señaló que «resulta inverosímil que en pleno siglo XXI las personas e integrantes de la sociedad civil que en México defienden los derechos humanos ambientales estén en una situación de alto riesgo en cuanto a su persona e integridad física. Se hubiera esperado una disminución de la violencia que se comenta en el Informe, pero resulta ser todo lo contrario, lo cual es inaceptable e intolerable», finalizó.

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Diputados aprueban semana de asueto tras choques entre bancadas

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Tras celebrar únicamente dos días de sesiones, los integrantes de la Cámara de Diputados tendrán un periodo de asueto de siete días, luego de que la Junta de Coordinación Política avalara suspender actividades del pleno hasta el próximo 10 de febrero.

Durante las sesiones realizadas, el pleno se concentró en actos de carácter protocolario, como la instalación del Congreso General, el envío a comisiones de diversos informes institucionales y la conmemoración de la Constitución de 1917. También se presentó una ronda de iniciativas que no contempló reformas constitucionales, así como una efeméride con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

El desarrollo de los trabajos legislativos estuvo marcado por confrontaciones entre las distintas bancadas. Entre los temas que generaron mayores tensiones se encontró la tragedia del Tren Interoceánico, así como la solicitud de un minuto de silencio por víctimas en Venezuela. Esta última propuesta fue cuestionada por legisladores que pidieron que el homenaje se destinara a casos nacionales, como el de la Guardería ABC.

A lo largo de la sesión, la Mesa Directiva emitió llamados para frenar los señalamientos y reconducir el debate por las vías institucionales. Sin embargo, las diferencias entre los grupos parlamentarios persistieron y no fue posible alcanzar consensos, por lo que la jornada concluyó en medio de acusaciones cruzadas.

Al momento de clausurar los trabajos, se confirmó que el pleno reanudará actividades legislativas hasta el 10 de febrero. Durante la semana de asueto, únicamente dos comisiones continuarán sesionando, sin que se precisaran mayores detalles sobre los temas a tratar.

De esta manera, aunque el calendario legislativo no contemplaba un puente largo por la conmemoración de la Constitución, los diputados acordaron intercambiarlo por una semana completa sin sesiones ordinarias, lo que pospone la discusión de otros asuntos pendientes en la agenda legislativa.

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