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México

Denuncian a Yeidckol Polevnsky, por irregularidades en designación de Barbosa

Alejandro Armenta, aspirante a la gubernatura de Puebla, presentó una denuncia en contra de la presidenta nacional de Morena por presuntas irregularidades en la elección de Miguel Barbosa como candidato a la gubernatura de Puebla.

El senador y aspirante a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, denunció ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, al señalar que mantuvo una actuación indebida en el proceso de elección del candidato.

Asimismo, presentó queja partidista ante la Comisión Nacional de Elecciones, la Comisión de Honestidad y Justicia y el CEN de Morena, por el mismo caso y contra la encuesta que se realizó para elegir al candidato Miguel Barbosa.

En la queja remitida a los organismos partidarios y que se entregó también ante el TEPJF para que entable juicio de protección de derechos partidistas y ciudadanos, Armenta señala que se trata de una queja partidista “que presenté contra la actuación indebida de la presidenta del partido Morena en el procedimiento de designación de candidato a gobernador de Puebla”.

A decir del legislador, es necesario investigar el procedimiento de encuesta con base en la cual se eligió al candidato a gobernador y el acto material de designación en favor de Barbosa Huerta por parte de la Comisión Nacional de Elecciones y/ o el Comité ejecutivo Nacional.

“Me reservo el derecho para ampliar la demanda cuando se entregue copia del mismo y conforme a ello solicito del trámite el escrito de demanda en los términos previstos en la ley General de Medios de impugnación en materia electoral y en su oportunidad remita a la Sala Superior para su sustanciación y resolución”.

En ese sentido, en el juicio de derechos ciudadanos plantea que la Sala Superior conozca de la impugnación planteada en la queja partidista presentada “contra la actuación indebida de la presidenta del partido Morena en el procedimiento de designación del candidato gobernador”.

En su escrito, Armenta considera que la postulación de Barbosa se dio de manera arbitraria y manifiesta que se reserva su derecho a ampliar la demanda.

“Comparezco ante ustedes a presentar el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano con fundamento en los artículos 70, 80, 83, 84 y demás de la ley general de sistema de medios de impugnación en materia electoral”, puntualiza en su escrito presentado el pasado viernes.

Fuente: Milenio

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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