Política

Denuncian a ‘El Cuau’ por depositar dinero del erario a su familia

Published

hace 9 años

Ago 12, 2016

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Un ex empleado del ayuntamiento de Cuernavaca presentó el pasado 8 de agosto una denuncia ante la Fiscalía Estatal de Morelos contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y el tesorero municipal, Alejandro Villarreal Gasca, por obligarlo a depositar 160 mil pesos mensuales, para 8 personas, entre las que se encuentra la mamá del ex futbolista.

La denuncia fue presentada por Harold Zavaleta Batalla, ex director General de Comercios, Industria y Servicios del ayuntamiento de Cuernavaca, y quedó asentada en la carpeta de investigación número SJ01/3799/3799/2016.

En la demanda se incluye una lista de los números de cuenta de las instituciones bancarias, las cuales fueron borradas en las fotos filtradas a los medios de comunicación para proteger los datos personales de los familiares de Cuauhtémoc Blanco.

Las personas beneficiadas con estos depósitos son: Leonardo Silva Viciconte, José Antonio Bravo Molina, Ricardo Bravo Molina, Ulises Bravo Molina, Mauricio Silva Bravo, Leonardo Carlos Silva Bravo, Hortensia Bravo Molina y Ángel Bravo Blanco.

Según la versión del ex empleado del ayuntamiento, los depósitos se hicieron en efectivo con recursos recaudados por el municipio, y bajo las instrucciones del mismo alcalde de Cuernavaca.

En la narración de los hechos, el ex empleado del ayuntamiento afirma que “el día de la toma de protesta, el tesorero (15 de enero del 2016), antes de tomar protesta, me pidió hablar unos minutos a solas, donde no había gente, y me dijo que como yo era gente de confianza de Roberto Yáñez (ex secretario del ayuntamiento) quería encomendarme una tarea que le había encargado el alcalde”.

Yo le conteste que sí y me dio una lista de nombres de los familiares de Blanco Bravo con sus respetivos números de cuenta y me instruyó que a partir del lunes 18 de enero fuera a su oficina para que me diera el dinero y depositar en dichas cuentas”, agregó.

Zavaleta Batalla dijo que presentó la denuncia luego de que la prensa local ventiló esta situación, “pensé que era mi obligación civil denunciar lo que sabía”, y también aclaró que nunca realizó los depósitos porque creyó que era un asunto grave.

Excelsior

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Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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