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Denuncian que inversionistas niegan acceso a agua potable a comunidad indígena

Desde principios del 2016 la comunidad de Mogótavo, municipio de Urique , acudió a la justicia federal a interponer un amparo, ya que se suspendieron las obras de construcción de una red de agua potable en beneficio de dicha comunidad a cargo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS). Las obras se ejecutaban con recursos federales a través de la Delegación estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). El Juicio de Amparo Indirecto se instauró en el Juzgado 8º de Distrito de la Ciudad de Chihuahua por la violación al derecho constitucional y humano de acceso al agua potable.

Inicialmente se demandó a la JASC, a la Comisión Nacional del Agua, al Presidente de la República y al Gobernador del Estado; sin embargo, más adelante se amplió la demanda en contra de la Comité de Regulación y Seguimiento de Infraestructura Indígena, la Delegada Estatal de la CDI y Ricardo Orviz Blake, como tercero perjudicado.
La cuestión es que Ricardo Orviz Blake, junto con Omar Bazán Flores, Ricardo Valles Alvelais, Agustín López Daumas y Jesús Alberto Cano Vélez, se ostentan como “propietarios” de las tierras donde se asienta tradicionalmente la comunidad de Mogótavo.

Los supuestos propietarios, al comparecer al Juicio, señalan por conducto de sus apoderados, que la comunidad de Mogótavo no existe, que no tienen necesidad de agua potable y que están invadiendo sus tierras. Esto, en total contradicción al reconocimiento que la CDI y el Gobierno del Estado y habían hecho de la existencia de la comunidad de Mogótavo y de su posesión ancestral, pues gracias a ello fue autorizado el proyecto de construcción de abastecimiento de agua potable, que llevaba ya más del %50 de avance al tiempo de su suspensión debido a la oposición de dichos “propietarios”.

La posición que han asumido dichos personajes ha sido discriminatoria al considerar necesario acreditar su calidad indígena, su calidad como comunidad, así como la calidad de su posesión en el territorio donde se construye la red de agua potable.
La comunidad de Mogótavo eleva su voz y está en pie de lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos y ante la opinión pública reclama a las autoridades gubernamentales garantizar el
derecho al acceso de agua potable que representa un medio de subsistencia y de una vida sana y digna.
Se hace un llamado a los que se ostentan como “propietarios” para que reconozcan la realidad de la comunidad de Mogótavo, del territorio que tradicionalmente poseen y del derecho que tienen de acceder al agua potable.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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