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Denuncian que inversionistas niegan acceso a agua potable a comunidad indígena

Published

hace 8 años

Oct 9, 2017

Edicion

Desde principios del 2016 la comunidad de Mogótavo, municipio de Urique , acudió a la justicia federal a interponer un amparo, ya que se suspendieron las obras de construcción de una red de agua potable en beneficio de dicha comunidad a cargo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS). Las obras se ejecutaban con recursos federales a través de la Delegación estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). El Juicio de Amparo Indirecto se instauró en el Juzgado 8º de Distrito de la Ciudad de Chihuahua por la violación al derecho constitucional y humano de acceso al agua potable.

Inicialmente se demandó a la JASC, a la Comisión Nacional del Agua, al Presidente de la República y al Gobernador del Estado; sin embargo, más adelante se amplió la demanda en contra de la Comité de Regulación y Seguimiento de Infraestructura Indígena, la Delegada Estatal de la CDI y Ricardo Orviz Blake, como tercero perjudicado.
La cuestión es que Ricardo Orviz Blake, junto con Omar Bazán Flores, Ricardo Valles Alvelais, Agustín López Daumas y Jesús Alberto Cano Vélez, se ostentan como “propietarios” de las tierras donde se asienta tradicionalmente la comunidad de Mogótavo.

Los supuestos propietarios, al comparecer al Juicio, señalan por conducto de sus apoderados, que la comunidad de Mogótavo no existe, que no tienen necesidad de agua potable y que están invadiendo sus tierras. Esto, en total contradicción al reconocimiento que la CDI y el Gobierno del Estado y habían hecho de la existencia de la comunidad de Mogótavo y de su posesión ancestral, pues gracias a ello fue autorizado el proyecto de construcción de abastecimiento de agua potable, que llevaba ya más del %50 de avance al tiempo de su suspensión debido a la oposición de dichos “propietarios”.

La posición que han asumido dichos personajes ha sido discriminatoria al considerar necesario acreditar su calidad indígena, su calidad como comunidad, así como la calidad de su posesión en el territorio donde se construye la red de agua potable.
La comunidad de Mogótavo eleva su voz y está en pie de lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos y ante la opinión pública reclama a las autoridades gubernamentales garantizar el
derecho al acceso de agua potable que representa un medio de subsistencia y de una vida sana y digna.
Se hace un llamado a los que se ostentan como “propietarios” para que reconozcan la realidad de la comunidad de Mogótavo, del territorio que tradicionalmente poseen y del derecho que tienen de acceder al agua potable.

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Política

Expone Oscar Avitira daños estructurales en viviendas de Ciudad Juárez por operaciones de extracción de empresa ASPA

Published

hace 11 horas

Feb 10, 2026

segundoasegundo

• Se han visto afectadas colonias de la zona poniente cerca de Camino Real, como los Ojitos y las aledañas a la Sierra de Juárez

Ciudad Juárez, Chih., 9 de febrero de 2026. – El diputado, Oscar Avitia Arellanes, denuncio la problemática que viven los vecinos de la zona poniente en Ciudad Juárez quienes fueron afectados derivado de las operaciones de la empresa Asfaltos y Pavimentos de Juárez (ASPA) quienes han realizado voladuras con explosivos, durante años, lo que ha generado daños estructurales en las viviendas de los vecinos de dicha área fronteriza.

El legislador explicó que las operaciones de la empresa ASPA, que se ubica a un costado del Camino Real, a la altura de la Colonia los Ojitos, se relacionan con la industria de la construcción de vías terrestres, carreteras, pavimentación, urbanización, terracerías, entre otros; y desde finales de 2021, ha realizado voladuras con explosivos en sus operaciones de extracción de materiales en la zona poniente, cerca de la Sierra de Juárez.

“Un caso emblemático ocurrió en diciembre de aquel año, cuando una detonación de aproximadamente 125 kilogramos de explosivos generó ondas de choque, dejando consigo daños estructurales en viviendas y otro tipo de edificaciones de la colonia los Ojitos, así como en áreas aledañas”, dijo.

Oscar Avitia, señaló que estos hechos no han quedado en el pasado ya que las quejas persisten, las vibraciones regresan una y otra vez, y en las últimas semanas los vecinos han vuelto a sentir el estruendo que les roba la paz, el sueño y la seguridad.

“No se trata de un incidente aislado, sino de una amenaza recurrente que pone en riesgo la vida de niñas, niños y familias enteras quienes ven vulnerados sus derechos”, enfatizó.

Como parte de dicho acuerdo, esperamos contar con el respaldo de las distintas fuerzas políticas a fin de hacer a las siguientes autoridades para los siguientes fines:

? A la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para verificar el cumplimiento estricto de normas federales en el manejo y uso de explosivos por parte de ASPA.
? A la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), para evaluar impactos en la salud pública posiblemente derivados de las operaciones de dicha empresa.
? A la Dirección de Protección Civil Municipal de Ciudad Juárez, para inspecciones técnicas urgentes y evaluación de riesgos estructurales en viviendas afectadas.
? A la Dirección de Ecología del Municipio, para supervisar emisiones de ruido, vibraciones y otras.
? A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para revisar autorizaciones ambientales y aplicar sanciones si es que proceden.
? A la Fiscalía General del Estado para otorgar a quienes interpongan su denuncia, facilidades y seguimiento a fin de garantizar la reparación integral del daño.

Finalmente, Oscar Avitia exigió prioridad absoluta en la protección de la vida y el patrimonio de las familias juarenses, ya que ninguna actividad económica debe realizarse a costa de la seguridad de las y los juarenses.

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