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Denuncian mercado negro de credenciales del INE para obtener candidaturas independientes

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El noticiero En Punto, de Televisa, presentó  una investigación donde documenta la presunta compra de firmas por parte del colectivo ciudadano “Podemos Juntos”, que registró a 41 aspirantes a diferentes candidaturas por la vía independiente.
En entrevista con En Punto, Miguel García, coordinador del Comité Ciudadano Roma Norte, denunció que aspirantes a candidatos independientes en la Ciudad de México buscaron a dirigentes de asociaciones civiles y vecinales para comprarles credenciales de elector de beneficiarios de programas sociales.

“Nos estamos sorprendiendo por el actuar de los independientes […] Tienen prácticas clientelares de la compra y coacción del voto [Nos ofrecieron] 25 pesos por la credencial electrónica o 100 pesos por la credencial física”, aseveró.

García señaló que quienes se les acercaron fueron integrantes del colectivo ciudadano “Podemos Todos”, y “hablaban que buscaban alrededor de 195 mil firmas, si multiplicamos por 25 pesos es una cantidad exorbitante […] decían que todas las transacciones se hacían en efectivo”, indicó.

El colectivo mencionado registró a 13 aspirantes a diputados federales, 7 a jefes delegacionales, 1 a jefe de gobierno y a 20 diputados a la asamblea legislativa.

García señaló que la organización es encabezada “por una persona que yo ubico como David Márquez, un exsecretario técnico de la junta distrital 13 en Cuauhtémoc […] Es un ex funcionario del Instituto electoral, que hoy quiere ser jefe delegacional o alcalde en Cuauhtémoc”, indicó.

Entre el 15 de diciembre y el 9 de enero, el coordinador de «podemos juntos», David Márquez, registró más de 12 mil firmas, es decir, en 25 días triplicó las 4 mil 679 que necesitaba para obtener la candidatura.

Al respecto, Márquez comentó en entrevista con En Punto: “Se nos acercó mucha gente y se nos insinúo, nosotros decíamos es que no estamos comprando nada, nosotros no compramos, no tenemos dinero para comprar”.

El 15 de enero, el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que los 13 candidatos que registró “Podemos Juntos» presentaron irregularidades en sus firmas, situación David Márquez rechaza.

“Son lamentables las declaraciones del INE porque, porque primero ya están prejuzgando […] a los candidatos por lo menos del colectivo, nadie les ha avisado nada, ni les han notificado nada ni les ha dicho de manera oficial tienen que venir a solucionar esto”.

El miércoles, el aspirante presidencial Pedro Ferriz presentó una denuncia ante el INE por presunta compra-venta de firmas de varios candidatos independientes, asegura que a su equipo de campaña le ofrecieron credenciales de elector falsas.

“Me ofrecían un millón de credenciales apócrifas a 8 pesos la credencial […] Pedimos una prueba, la prueba era dame la credencial de Alberto García Sarubi que es mi director de medios, dame también la credencial de Federico Torres, denme la credencial de los dos, me dieron la credencial con los datos de Federico y Alberto, dirección correcta, CURP correcta, número de folio correcto, viene de la lista nominal y la fotografía no era, eran otras personas”, expuso Ferriz.

En páginas de internet aparecen videos que muestran cómo, en un minuto, puede falsificarse una credencial de elector con información que se extrae de un padrón. También en redes sociales se ofrecen presuntas bases de datos del INE y se venden credenciales de elector en 500 pesos. Hoy se pronunció al respecto el presidente del instituto nacional electoral.

«Quienes hayan sido responsables de algún uso indebido, sea de datos personales sea en la intentona de defraudar a la autoridad electoral, pero sobre todo a la ciudadanía se harán las sanciones correspondientes”, aseveró Lorenzo Córdova, presidente del INE.

México

Sheinbaum condiciona acción contra Rocha Moya a pruebas de la FGR

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que si la Fiscalía General de la República recibe pruebas “contundentes e irrefutables” contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se procederá conforme a la ley en territorio mexicano. La mandataria señaló que la misma ruta aplicaría para los nueve funcionarios sinaloenses también señalados por autoridades de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que su administración no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero advirtió que, en caso de no existir pruebas claras, las acusaciones tendrían un trasfondo político.

Indicó que corresponde a la FGR valorar la documentación recibida y, en su caso, determinar si existen elementos constitutivos de delito para actuar bajo jurisdicción mexicana. Reiteró que su gobierno mantendrá una postura de defensa de la soberanía nacional.

La presidenta aseguró que no se permitirá la intromisión de gobiernos extranjeros en decisiones que, dijo, corresponden exclusivamente al pueblo de México. Añadió que esa posición se basa en la búsqueda de verdad, justicia y respeto a la soberanía.

También confirmó que el pasado 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos en los que se solicitaba la detención provisional con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos. Esos expedientes fueron turnados a la FGR para su análisis conforme a la legislación nacional.

Sin embargo, señaló que un día después el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el retiro de cargos contra esos mismos 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán.

Sheinbaum cuestionó la difusión del documento denominado “Acusación de reemplazo bajo reserva”, al señalar que ese tipo de procedimientos son confidenciales de acuerdo con los tratados aplicables. Explicó que, por ello, el área jurídica de la Cancillería expresó un extrañamiento formal.

La mandataria recordó que la FGR informó previamente que revisará la documentación recibida para determinar si existen datos probatorios suficientes y resolver sobre la viabilidad de las solicitudes. Además, iniciará una investigación para recabar información y verificar si hay bases legales para solicitar órdenes de aprehensión.

Un día antes, autoridades estadounidenses presentaron cargos contra Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las acusaciones incluyen narcotráfico, armas y presunta protección a integrantes de la facción conocida como “Los Chapitos”. Hasta el cierre de esta edición, la FGR mantenía en análisis la documentación recibida.

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