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Denunciarán presunto lavado en promocional

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El gobierno de la República denunciará este viernes en punto de las 10 de la mañana ante la Fiscalía de Delitos Electorales a toda la red de empresas que participaron presuntamente en el financiamiento del documental Populismo en América Latina, elaborado con la intención de dañar la figura del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al inicio del pasado proceso electoral.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el principal orquestador de la campaña negra contra López Obrador fue Jesús Quintero Íñiguez, expublicista de Enrique Peña Nieto y accionista junto con sus hermanos de las empresas Grupo TV Promo y TV Promo, a las cuales se les vincula con el Bufete de Proyectos Información y Análisis —identificado como una posible empresa fachada— y mismo que habría servido para desviar recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano hacia las campañas políticas del PRI durante el tiempo en que fueron encabezadas por Rosario Robles Berlanga, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Nieto Castillo también reveló que La División fue la realizadora del documental y es propiedad de la empresa Piña Digital, la cual tiene como accionista principal a Javier García Mata, productor del documental y quien guarda cercanía con Quintero Íñiguez.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que la empresa Conaxis, especializada en tecnología digital, recibió del Consejo Mexicano de Negocios más de 96 millones de pesos de julio a septiembre de 2017, previo al arranque del año electoral federal con el propósito de financiar la campaña negra en contra del hoy jefe del Ejecutivo federal.

“Se identificó por el lado del bufete de proyectos de información que recibió 186 millones de pesos provenientes de OHL México”, apuntó Nieto Castillo.

Además, se ubicaron “dos millones 500 mil pesos aproximadamente provenientes de la coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del gobierno del Estado de México sin aparente justificación” y los cuales fueron recibidos por el bufete citado, quien entregó recursos a las mismas empresas señaladas de elaborar el documental del populismo, precisó el funcionario al presentar la la investigación.

En la denuncia que se presentará también por lavado de dinero, se detalla que Conaxis envió a la empresa Piña Digital, 18 millones 500 mil pesos durante el periodo de julio a agosto del 2017.

Además de acudir ante la fiscalía electoral y la unidad en contra del lavado de dinero, el gobierno de la República dará vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para que, en su caso, proceda a aperturar otras indagatorias por delitos electorales.

De acuerdo con el Presidente de la República, su intención no es vengarse de quienes lo atacaron en la pasada contienda electoral.

Más bien, busca que “los mapaches electorales la piensen mejor” porque de ahora en adelante los fraudes electorales y la corrupción serán delito grave sin derecho a fianza.

“Esto, la verdad que ni siquiera es porque se trate de un agravio a nosotros, no es venganza, es ponerlo de ejemplo, porque ilustra, hacia adelante, pero no es el propósito, para nada, vengarnos”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa en Palacio Nacional (…) lo interesante es la información sobre las cuentas, sobre el manejo del dinero, el patrocinio, eso es lo interesante”.

En tanto, la misma empresa Conaxis depositó a favor de Martha Matilde Mejía Montes 34 millones de pesos que debía entregar a Alejandro Jesús Quintero Íñiguez la cantidad de 418 mil dólares durante diciembre de 2017 y enero de 2018.

Las investigación encabezada por Nieto Castillo también reveló que el Bufete de Proyectos, Infomación y Análisis envió 47 millones de pesos entre abril y julio de 2017 a Grupo TV Promo, empresa de Alejandro Quintero Iñiguez, expublicista del expresidente Enrique Peña Nieto.

Excelsior

México

Mujeres ocupan posiciones clave en el poder político de México

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La presencia de mujeres en cargos de alto nivel dentro del gobierno mexicano ha crecido de manera significativa en los últimos años. Actualmente el país cuenta con su primera presidenta y con varias funcionarias en puestos estratégicos del poder federal y estatal, lo que refleja cambios en la participación femenina en la vida política nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer en asumir la Presidencia de la República tras ganar la elección de junio de 2024 como candidata de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Su gobierno inició en octubre de ese mismo año y entre sus compromisos se encuentran diversas políticas orientadas a fortalecer los derechos de las mujeres. Entre las medidas impulsadas destacan la creación de la Secretaría de las Mujeres y la reforma para garantizar la igualdad sustantiva. Sheinbaum es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió Física y posteriormente cursó una maestría y doctorado en Ingeniería Energética.

En el Poder Legislativo también hay mujeres en posiciones relevantes. Kenia López Rabadán, legisladora del Partido Acción Nacional, preside la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante el segundo año de la LXVI Legislatura. Desde ese cargo encabeza los trabajos legislativos, incluida la discusión de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal. López Rabadán es licenciada en Derecho por la UNAM y cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, además de un doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.

En el Senado, Laura Itzel Castillo Juárez asumió la presidencia de la Mesa Directiva en septiembre de 2025 para el segundo año de la actual legislatura. La legisladora de Morena también tendrá la responsabilidad de conducir el debate sobre la reforma electoral en medio de las posiciones encontradas entre los partidos de oposición y los aliados del gobierno. Castillo es arquitecta por la UNAM y ha sido diputada federal y militante fundadora del PRD.

En el ámbito de procuración de justicia, Ernestina Godoy Ramos se convirtió el 3 de diciembre en la primera mujer en ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República para el periodo 2025-2034. Es licenciada en Derecho por la UNAM y anteriormente se desempeñó como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, consejera jurídica de la Presidencia y diputada local.

Otra posición relevante es la de Citlalli Hernández, quien encabeza la Secretaría de las Mujeres, dependencia que sustituyó al Instituto Nacional de las Mujeres. Comunicóloga por la UNAM, Hernández ha ocupado diversos cargos legislativos y fue secretaria general de Morena. Desde su actual responsabilidad impulsa políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de las mujeres, además de trabajar en estrategias para combatir el embarazo infantil y el matrimonio forzado.

A nivel estatal también se observa una mayor presencia femenina. Actualmente hay 13 mujeres al frente de gobiernos locales, entre ellas Indira Vizcaíno en Colima, Layda Sansores en Campeche, Clara Brugada en la Ciudad de México, Margarita González Saravia en Morelos, Marina del Pilar Ávila en Baja California, Maru Campos en Chihuahua, Evelyn Salgado en Guerrero, Lorena Cuéllar en Tlaxcala, Teresa Jiménez en Aguascalientes, Delfina Gómez en el Estado de México, Mara Lezama en Quintana Roo, Libia García Muñoz Ledo en Guanajuato y Rocío Nahle en Veracruz. Estas designaciones reflejan el crecimiento de la participación de las mujeres en los espacios de decisión pública en el país.

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