Cerca de cinco mil niños y niñas de la entidad, cuyos padres fueron asesinados por cárteles de la droga, buscan ser rescatados con apoyos oficiales, mientras permanecen en el anonimato por temor a ulteriores venganzas.

Miles de personas, principalmente mujeres, niñas y niños, han perdido su nombre y su rostro por la violencia y hoy deambulan por la entidad, buscando tranquilidad, pidiendo apoyo económico y sobreviviendo con la ayuda oficial.

Como seres humanos, son reconocidos solamente por su número de expediente, y en general se les nombra como huérfanos del narco o víctimas de la violencia.

Ellos mismos rehúyen a la gente, se esconden en sus viviendas o trabajos, son nuevos en las escuelas y se han convertido en trashumantes en su propio territorio, buscando la paz y tranquilidad que sicarios les arrebataron cuando asesinaron a sus esposos, sus padres, hijos o hermanos.

El periodista Carlos Coria tuvo acceso a este doloroso submundo, para charlar y conocer los casos de algunas de estas madres de familia que sufrieron en carne propia la violencia en Chihuahua, que hoy las mantiene en ese anonimato feroz que les borró el rostro y les quitó el nombre.

Con insistencia, generando un poco de confianza, se pudieron conocer algunos casos, ciudadanos que quisieron revelar su nombre, mas no su rostro.

Algunos revelaron que tuvieron que cambiar de vivienda a otras colonias donde nadie los conocía ni supieron de su infortunio.

En sus antiguos hogares, cuentan, eran señalados por los vecinos como narcotraficantes y nunca nadie les creyó que sus esposos o familiares fueron víctimas circunstanciales.

A los niños hay que cambiarlos de escuela; algunos de ellos en diferentes planteles para que no sean señalados.

Las víctimas colaterales tienen que empezar una vida como madres solteras, borrando su pasado, sin que nadie, salvo sus parientes cercanos, puedan brindarles un poco de sosiego y reconciliación: “Nosotras lloramos con nuestros hijos, pero nadie nos ve, nadie nos comprende”, añaden con completa resignación.

Los testimonios se conocieron durante una entrega de apoyo del gobierno estatal, justo en el momento que un funcionario del DIF se movía apresuradamente y con tono regañón hizo al fotógrafo la misma recomendación que ha repetido cientos de veces: “Por favor no les tomes los rostros, que sea de espaldas, porque no quieren que los reconozcan y temen por la venganza”.

Datos proporcionados por el DIF Estatal de Chihuahua, actualizados al 20 de agosto, revelan que en el Fideicomiso para la Atención a Niños y Niñas Víctimas de la Violencia (Fanvi) hay un total de dos mil 408 familias inscritas, que desglosadas arrojan un dato de cuatro mil 692 infantes, dos mil 315 niñas y  dos mil 377 niños; el resto, dos mil 408, son madres de familia.

No obstante su precaria y frágil situación, algunas de ellas se arriesgan a decir sus nombres, a contar su historia, en un afán de que las cosas cambien, mejoren, que las libere para salir de nuevo a las calles con la confianza que regresarán con vida a sus hogares, situación que, reconocen, poco a poco se está dando en Chihuahua.

Asimismo, empiezan a confiar de nuevo en sus vecinos, en su comunidad, en el gobierno, al cual acusaron inicialmente de su desgracia, y del que ahora reciben la única ayuda para sacar adelante a sus hijos huérfanos y a ellas mismas.

Sin embargo, la situación para las autoridades se torna en ocasiones muy complicada, pues las necesidades son muchas, y algunas no provienen de la desgracia de un homicidio, sino que son atavismos de muchos años atrás, de una cultura del desgano y la falta de empeño y esfuerzo por salir adelante.

Muchas de estas mujeres piden a los funcionarios públicos dinero en efectivo, un empleo bien remunerado, un puesto directivo para sus hijos, una casa de regalo, y si es posible de tres recámaras, porque la familia es grande.

Triste realidad

Pero la realidad es cruel. Son mujeres sin estudios, que nunca han trabajado porque siempre estuvieron al cuidado de sus esposos, hoy muertos, y no tienen experiencia laboral, salvo en los quehaceres domésticos. Algunas, ni siquiera eso.

Ante ello, la presidenta del DIF estatal y esposa del gobernador de Chihuahua, Bertha Gómez, busca la manera de estirar los programas públicos, para hacer un traje a la medida con los apoyos que se dan a cada una de estas familias.

Pero muchas veces es imposible, porque los programas, como el Fanvi, tienen reglas muy definidas que deben cumplirse: no se da apoyo en efectivo, sólo en especie; nadie puede obligar a una empresa a contratar a mujeres sin experiencia o sin habilidades. Para la presidenta del DIF algo es muy claro: “El futuro de los hijos debe forjarse desde el hogar”.

En estos casos, el Fanvi es muy estricto en su operación ya que es operado por una institución bancaria, la cual no otorga dinero en efectivo, sino a los proveedores que darán a los niños uniformes, zapatos, y a las mujeres despensas.

La presidenta del DIF, Bertha Gómez, sabe de estas limitaciones y estira lo más que puede los apoyos a casos excepcionales.

Además, el gobierno de Chihuahua ha inscrito a todas las mujeres y sus hijos al Seguro Popular, les condona el pago de inscripciones en escuelas y busca apoyarlos con útiles escolares y hasta computadoras.

“Quisiéramos hacer más, y lo hacemos hasta donde alcanzan nuestras posibilidades, ya que muchas veces les buscamos ayuda por otros lados”, explica Bertha Gómez, quien ha canalizado muchos casos a otras instancias bajo la mirada siempre vigilante del DIF estatal.

Junto a ella, el secretario técnico del Fideicomiso, Javier Tagle, y el director del Seguro Popular, Pedro Hernández, se afanan para que estos niños y estas mujeres flageladas por la violencia del crimen organizado, tengan una vida no tan cruenta y lleguen a sonreír más seguido al recibir nuevos zapatos o tenis, una despensa, o los uniformes escolares de sus hijos.

La idea del gobernador César Duarte, explican, es que estas mujeres y sus familias recuperen la paz y tranquilidad, que dejen atrás el rencor hacia la sociedad que los despojó de parte de su familia… que vuelvan a tener nombre y rostro para mostrar a su comunidad y salir nuevamente a las calles, cosa que ya está sucediendo.

Seis hermanos quedan a la deriva

Uno de los casos que causó más sorpresa fue el expediente de Norma N, de 28 años de edad, a quien le mataron a la hermana mayor, de 33 años de edad, cuando iba en un automóvil con su novio.

“Fue una equivocación, porque muchos mueren por ir con la persona que buscaban los sicarios”.

Norma ahora se hace cargo de los seis hijos huérfanos de su hermana, “porque su novio no era el papá, porque el padre de los niños murió años atrás”.

Pero ese no es todo el problema, ya que Norma tiene cuatro hijos, de diez, ocho, cinco y tres años, los cuales ahora conviven con sus primos de 12, diez, ocho, siete, seis y cinco años, en una pequeña vivienda de dos recámaras en un fraccionamiento de interés social, además de su esposo.

“Pues ahí nos hacemos bolas, pero en
lo que he batallado más es en que pelean mucho los niños chiquitos; porque aunque no lo crea, los hijos de mi hermana ya sabían mucho de sexo, drogas, y por eso se pelean.”

“Quisiera tener un buen trabajo”

Verónica N asegura que a su esposo lo mataron por equivocación el 22 de mayo de 2010.

Ahora habita la casa que una tía le presta, donde vive con sus tres niñas de 15, diez y ocho años.

Sobrevive trabajando de ayudante doméstica, porque nunca aprendió a trabajar: “Ni siquiera en la maquila me contratan porque no sé hacer nada”, dice un tanto molesta, pero también se ríe burlándose ella misma de su situación.

De 31 años de edad, dice que su hija la menor aún llora mucho por su padre, por lo que ha tenido que llevarla con el psicólogo. Ella también llora, pero por la pobreza en que vive, ya que con su trabajo obtiene 500 pesos a la semana: “Quisiera que me ayudaran a conseguir un buen trabajo, tener prestaciones y comprar una casa, que mis hijos tengan Seguro Social”.

Huye de inseguridad para hallar la muerte

Gabriela N, de 37 años, siente un cosquilleo en la nuca cuando recuerda que decidieron en familia que su esposo se iría a trabajar al sur del estado, a la ciudad de Delicias, para huir de alguna manera de la violencia en Ciudad Juárez.

Tristemente reconoce que el destino les jugó esta mala pasada: “Mi esposo se fue a Delicias porque creíamos era más seguro y mire lo que pasó; el 25 de mayo de este año me lo asesinaron a balazos en el motel donde era el encargado, apenas unos días antes de que su hija se fuera de vacaciones con él”.

Ella y sus tres hijos, dos mujeres y un varón, se quedaron a vivir y a trabajar en Ciudad Juárez, donde “las cosas ahora son más seguras”, afirma, aunque tiene muchas dificultades para sobrevivir, pese al apoyo paterno.

Madre trabajadora, a la semana le quedan solamente 212 pesos contando los bonos que le dan en la maquila, ya que le rebajan la mensualidad de la casa. “Si no fuera por los mil 600 pesos de la pensión que dejó mi esposo, las cosas serían peor”, añade, aunque antes de despedirse se queja: “De cualquier manera por mi situación de viuda en el trabajo me dan mucha carrilla; apenas la semana pasada me descansaron porque no le hice caso al supervisor”.

Matan a su esposo por equivocación

Patricia N dice que a su esposo, de oficio albañil, lo asesinaron el 6 de noviembre de 2010, con tres primos y un tío.

“Pues a mí me mataron a mi esposo, pero a mi tía, la pobre se quedó sola porque le mataron sus dos hijos y su esposo”.

—¿A quién iban a asesinar?.

—Fue por equivocación, porque según dijeron iban por uno de al lado (vecino), que era carjacking (ladrón de autos con violencia), pero como no los encontraron, se metieron a la casa de mi tía y mataron a todos. Dicen que ya agarraron a uno de los asesinos, pero a mí la policía no me ha dicho
nada”.

Ahora Patricia cuida a sus cuatro hijas de 20, 18, 14 y 12 años de edad, que aunque son muchas, ya le ayudan para comprar comida, aunque dice que ella está muy bien en comparación con otras señoras, porque recibe dos mil pesos de la pensión del Seguro Social y otros mil 500 cada dos meses de Oportunidades.