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Descubren posibles faltas administrativas en el Ayuntamiento de Chihuahua

Esta mañana, el síndico Amin Anchondo presentó ante la sesión de Cabildo el Segundo Informe de Actividades de la Sindicatura del Municipio de Chihuahua correspondiente al período enero-marzo de 2019, resultado del trabajo de un equipo comprometido, que demuestra la importancia de convocatorias como la de #LosMejoresAlGobierno.

En materia de revisiones destacó un expediente del CAPPSI que fue turnado al Órgano Interno de Control para su posible sanción. El caso que encuadra en una falta administrativa derivada de la contratación de personal con relación familiar directa a miembros del organismo.

Amin finalizó su informe en Cabildo enfatizando que la Sindicatura no es un organismo de oposición a la administración, sino un contrapeso necesario que vigila el buen actuar del gobierno municipal. “El municipio va bien, se está trabajando mucho. Sin embargo, es nuestra tarea encontrar las cosas que tenemos que mejorar y cuidar siempre el bien común, el patrimonio de todos” expresó.

Explicó que la Sindicatura es la primera área del estado en la que la totalidad en de sus integrantes hacen pública su 3de3, propuesta que derivó en un punto de acuerdo para que las y los regidores también hicieran pública sus 3 declaraciones en el portal oficial de la iniciativa, teniendo como plazo el 9 de mayo para presentarla.

Enfatizó que dentro de las actividades realizadas en el segundo trimestre, se presentó una propuesta de reglamento de Participación Ciudadana, el cual representa una oportunidad para que las y los chihuahuenses vivan la democracia de una manera diferente, ocupándose de sus calles con sus vecinos y vecinas, pero principalmente decidiendo temas tan importantes como el destino del 5% de los recursos de libre disposición del municipio.

Entre los tres mecanismos que la Sindicatura está interesada en detallar a fondo se encuentran las Contralorías Sociales, el Cabildo Abierto y los Presupuestos Participativos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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