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México

Designa PGR fiscal para atender delitos contra la libertad de expresión

El titular será el abogado Ricardo Sánchez Pérez del Pozo; destacan su experiencia en protección y trayectoria como asesor en materia de comunicación
La Procuraduría General de la República (PGR) designó a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, como nuevo Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Sánchez Pérez del Pozo, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho, se ha desempeñado como director General de Atención y Seguimiento de Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
También fungió como director General Adjunto en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y asesor en materia de medios de comunicación en la misma institución.
La dependencia destacó en un comunicado que el nuevo fiscal cuenta con experiencia en el Poder Judicial de la Federación y en el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex-Yugoslavia al señalar su trayectoria en materia de protección a personas dedicadas al ejercicio de la libertad de expresión como coordinador de la implementación de medidas cautelares y provisionales de Organismos Internacionales en materia de Derechos Humanos.
Además cuenta con estudios de Maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Northwestern en Chicago, Estados Unidos de América.
La PGR informó que a partir de este nombramiento, se reorganizará el equipo de trabajo de la Fiscalía; en tanto, la Subprocuraduría de Derechos Humanos ya inició un proceso de evaluación interna para fortalecer las capacidades de investigación y procesamiento de casos penales.
En ese sentido, el procurador Raúl Cervantes Andrade instruyó a la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y al Fiscal, realizar todas las acciones necesarias para garantizar que se evite la impunidad en hechos relacionados con ataques y agresiones a los comunicadores en México.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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