Cincuenta personas fueron detenidas, 38 de ellas en América Latina, en una operación contra las redes de distribución de pornografía infantil a través de WhatsApp desarrollada en 15 países, en la que junto a la Policía española participó Ameripol e Interpol.

Once de las detenciones se produjeron en España, entre ellas un multirreincidente y un menor, que era el administrador de uno de los chat en el que se distribuían imágenes de menores.

Las otras detenciones tuvieron lugar en Colombia (7), Bolivia (7), Brasil (3), Chile (4), Costa Rica (3), la República Dominicana (2), Guatemala (2), México (2), Nicaragua (1), Panamá (1), Paraguay (2), Uruguay (2) y Venezuela (2), además de otra detención en Italia.

Las investigaciones comenzaron cuando los agentes españoles hallaron en la denominada «internet profunda» un enlace a la aplicación de WhatsApp que les condujo hasta un chat en el que pedófilos de varios países de habla hispana intercambiaban pornografía infantil.

Entre los archivos distribuidos hay material «inédito», es decir, imágenes que hasta el momento no han circulado por foros de pedófilos, por lo que los agentes están analizando su contenido para averiguar la identidad de las víctimas y los autores.

Según los investigadores, uno de los dos detenidos en Uruguay abusaba de sus dos hijas, de 6 y 15 años, y después compartía imágenes de los abusos con otros pedófilos, mientras que el arrestado en Panamá se hacía pasar por menor para contactar con niñas y conseguir que le enviaran fotos íntimas.

Por su parte, los siete detenidos en Bolivia vendían conjuntamente material a otros usuarios bolivianos para obtener un lucro económico de los archivos de carácter pedófilo.

En México se puso en marcha un dispositivo «relámpago» nocturno para detener al investigado porque su domicilio, donde se intervino gran cantidad de archivos con abusos sexuales a niños de muy corta edad, estaba en una zona con gran criminalidad organizada.

Según la Policía española, algunos detenidos alegaron que su objetivo era infiltrarse en redes pedófilas para descubrir a sus miembros, algo que en España es ilegal, ya que toda descarga voluntaria de pornografía infantil es delito y sólo los agentes están habilitados para visualizar y analizar este tipo de archivos.