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Despiden a director de penales Zacatecas por caso de mujer ultrajada

Por haber permitido que una mujer fuera ultrajada en una cárcel de Calera, en Zacatecas; el director estatal de Prevención y Reinserción social fue despedido.

«Si, efectivamente el director de Readaptación y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública ha sido destituido», señaló Jehú Salas, secretario General de Gobierno de Zacatecas.

«Es Adán Jiménez Solano, Director General de Prevención y Reinserción del estado y por órdenes del gobernador a partir de hoy deja ese cargo», agregó Ismael Camberos, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas.

El secretario de gobierno de Zacatecas, dijo por primera ocasión que la cárcel de Calera es mixta, contraviniendo lo expuesto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene catalogada a la prisión estatal como varonil.

«No es un penal, es una cárcel distrital y no es exclusiva de varones, es una cárcel distrital cuyo propósito es albergar a las personas privadas de su libertad como una medida provisional a efecto de que puedan facilitarse las audiencias y diligencias que se desarrollan como producto de la investigación criminal que lleva la Fiscalía de Justicia, no es una cárcel exclusiva para varones», agregó Jehú Salas.

Las autoridades revelaron que fue en septiembre del 2018 el abuso hacia la mujer encarcelada; ya pasaron meses de la denuncia y la fiscalía ni siquiera ha obtenido una orden de aprehensión de un custodio señalado por la víctima y la autoridad, quién ya se dio a la fuga.

«No, aún no tenemos un mandamiento judicial sin embargo insisto, puede ser en horas o puede ser en días en los que nosotros podamos contar con ello», dijo Fátima Encina, fiscal Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

«Si, es un custodio el responsable del delito que se le imputa, es un custodio que se encuentra prófugo, que tiene a su pleno conocimiento aperturada una carpeta de investigación y que está plenamente identificado», ahondó Jehú Salas.

«La persona imputada de estos delitos tiene derecho a que se le respete su derecho a la presunción de inocencia, hasta el momento no podemos señalar a una persona en específico porque estaríamos violando esos derechos y sobre todo el debido proceso», detalló Fátima Encina.

El gobierno de Zacatecas, RECONOCIÓ QUE NO LEE LOS INFORMES DE DERECHOS HUMANOS sobre la crisis dentro de los penales y solo se concentran en la recomendación.

«Es que… ¿cuántas páginas dices que tiene?, bueno tiene 48, pero no las 48 es la recomendación la recomendación son como unas tres nada más, la leí completa, la recomendación», reconoció Ismael Camberos.

Las autoridades también reconocieron que simularon la salida del sistema penitenciario de Antonio Solís, aún investigado por la masacre de 17 internos del CERESO Cieneguillas a inicios del año y en lugar de buscar prisión preventiva le dieron trabajo en el CERESO de Fresnillo donde su hijo es el director.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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