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Despliega Secretaría de la Función Pública blindaje electoral en inicio de campañas electorales

Durante el presente proceso electoral, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de la Función Pública, ha coordinado e instrumentado acciones para prevenir la comisión de delitos electorales y faltas administrativas, por parte de servidoras y servidores públicos, con el objetivo de que los recursos públicos no sean utilizados con fines político-electorales.

Es en este sentido y en la búsqueda de garantizar que la conducta de los servidores públicos se apegue en todo momento a la legalidad y para reducir los riesgos de actos indebidos durante el proceso electoral 2018, que se realiza la implementación del Blindaje Electoral.

Como parte de esta estrategia, se han firmado convenios de colaboración con el Instituto Estatal Electoral y con el Tribunal Estatal Electoral, para establecer y coordinar acciones y estrategias de apoyo, capacitación, difusión y divulgación en materia de blindaje electoral.

Por lo anteriormente expuesto, se diseñó la plataforma http://chihuahua.gob.mx/observaelectoral/ que contiene un curso en línea, que pone a disposición una guía en materia de blindaje electoral, así como material gráfico, material de contraloría social con enfoque en blindaje electoral, así como un decálogo en el que se precisan las conductas que no deben realizar las y los servidores públicos, además de ligas de interés y un espacio de denuncia.

Como parte de la estrategia, se habilitó una sección de “Queja electoral” en donde se puede denunciar cualquier conducta contraria a las permitidas en el proceso electoral.

Hasta la fecha, se han recibido 38 solicitudes a través de este medio, de las cuales 32 consisten en dudas generales y 6 consultas, las cuales ya fueron atendidas debidamente.

La plataforma www.observa.gob.mx es una herramienta rápida y sencilla que permite a la ciudadanía manifestar sus quejas y sugerencias siguiendo los pasos que se señalan a continuación: 1.- Indique el tipo de reporte; 2.- Elija la opción con la que se relaciona su queja o sugerencia; 3.- Describa su queja o sugerencia; 4.- Complete sus datos de contacto

Cerca de 50 mil empleados del sector público, han recibido capacitación en torno al Blindaje Electoral; asimismo, se han capacitado de manera presencial 2 mil 054 servidoras y servidores públicos con apoyo del IEE, del TEE, del INE y de la FEPADE, así como 46mil 904 personas a través de una plataforma en línea.

Para brindar atención ante cualquier duda, queja o denuncia, se establecieron mecanismos de consulta a través de WhatsApp, correo electrónico y vía telefónica; recibiendo un total de 437 consultas.

Esta estrategia fortalece el compromiso para cumplir con los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo que establece que la administración pública se compromete a construir un ambiente democrático, ciudadanizado, transparente y sujeto a la rendición de cuentas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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