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México

Después de medio siglo, los ex braceros pueden cobrar su dinero

Al menos 50 años tuvieron que pasar para que finalmente los ex braceros que entre 1942 y 1964 fueron a Estados Unidos a trabajar, obtengan una parte del salario que percibieron durante su estadía en el vecino país.

A partir de este miércoles, los ex braceros o sus familias estarán en condiciones de asistir a las ventanillas de la red de Bansefi y la caja de ahorro de la Red de la Gente para cobrar 38,000 pesos, en una sola exhibición, explica la diputada priista Hilaria Domínguez, presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria en la Cámara de Diputados.

Como parte de un acuerdo binacional México-EU, de 1942, se permitió el trabajo temporal de jornaleros mexicanos en el campo estadounidense; como resultado de ello, se les descontó 10% de su salario para crear un fondo de ahorro para cuando los braceros regresaran al país, lo que nunca ocurrió, indica le legisladora.

«La Cámara de Diputados logró un presupuesto de 3,800 millones de pesos que servirán para pagarles a ex braceros o esposas, concubinas, hijos o hijas, son 38,000 pesos en una sola exhibición», menciona. La legisladora aclara que este monto es sólo una compensación, porque a valor presente les corresponderían aproximadamente 500,000 pesos.

Sin embargo, puntualiza que en la actual Legislatura (que inició el 1 de septiembre de 2009), el presidente Felipe Calderón inició la entrega de 4,000 pesos a ex braceros, mismos que se pagarían en un plazo de 10 años.

«Reformamos la Ley y se creó el Fideicomiso 2106 para que les pagaran (…) Son 105,552 ex braceros: a los que ya les habían dado 4,000 pesos les tocan 34,000, y al resto los 38,000 pesos», señala Domínguez.

Aunque con este pago se cubre una deuda histórica con estos trabajadores, la diputada Domínguez menciona que el programa no ha terminado.

«Hay muchos ex braceros pendientes y tendríamos que abrir otra mesa receptora para que se les pague. No están contabilizados, pero sí detectados y deben entregar documentos; abrir nuevamente el padrón para que en la próxima legislatura -que inicia en 2013- los diputados tengan ese compromiso».

Hubo muchos ex braceros que no entraron en ninguna de las dos convocatorias para inscribirse (en 2005-2006 y 2008-2009), por lo que se tendrá que abrir una nueva. «Dicen que son 4 millones de mexicanos que fueron en esas condiciones a trabajar a EU de 1941 hasta el 31 de diciembre de 1964».

 

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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