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México

Destapa Morena red de corrupción por las bancadas del PRI, PAN Y PRD en el Congreso

El grupo parlamentario de Morena en San Lázaro detectó un esquema de reparto de cuotas y una red de asesores empleados ‘fantasma’. Así como compras y licitaciones irregulares.

Según el reporte de Morena, que publica el periódico Reforma, el eje de la red era la Secretaría General dominada por el PRI, la cual hace una semana fue entregada por Mauricio Farah Gebara, quien fue llevado por Manlio Fabio Beltrones, ex coordinador del tricolor en la 62 Legislatura.

La Secretaría General es un puesto del que, de acuerdo con Morena, se puede prescindir, además de ser un «barril sin fondo» de recursos. Ahí se encuentran 30 superasesores.

«Desde 2002 se comenzó a sentir en la Cámara la corrupción desatada en las nuevas modalidades que conocemos», señala el informe.

De la Contraloría Interna, se indica que su titular, Alfredo Wong Castañeda, es una designación del PRI.

«La contraloría sirve como pista de aterrizaje de aviadores en plazas propuestas por el PRI, PAN y PRD, tanto para operar sus propios asuntos como para cubrir compromisos personales y políticos».

Sobre la dirección de Recursos Humanos se refiere que opera «para pagar favores con plazas, incrementos y liquidaciones». La dirección está a cargo de Abril Renée Aguayo, vinculada al senador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín.

De la Secretaría de Servicios Parlamentarios, Morena afirma que es una «mina» donde hay 29 asesores, pero solamente 3 trabajan y los demás dobletean además como asesores en otras áreas.

Se resalta que esta secretaría era una cuota del PRD, pero fue «vendida» al PRI por la ex coordinadora Mary Thelma Guajardo, a cambio de dos cargos para su hija y esposo.

En Comunicación Social, que tiene 1 coordinador, 5 directores y otros 21 empleados, se recomienda cambiar la estructura y bajar salarios.

El PAN controla la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, así como la Dirección General de Tecnologías de la Información. Desde ambas áreas se han realizado compras millonarias sin justificar.

La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros está a cargo de Carlos Alfredo Olson San Vicente. Ésta fue una posición propuesta por el ex dirigente Ricardo Anaya en agosto de 2015.

En tanto, la principal cuota del PRD está en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, en manos de Jesús Aboytes, colaborador del diputado Jesús Zambrano en la anterior Legislatura.

«Es una de las estructuras más corruptas de la Cámara», dice el informe. Morena acusa a Zambrano de usar esa área para fines personales.

«(El área) responde a los intereses de Jesús Zambrano, que la ha manejado como su negocio particular, a través de sucesivos directores generales que designa de manera directa y sus equipos en las direcciones», describe.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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