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Política

Destinará gobierno federal casi 30 mil mdp para combate a inseguridad

 

El gobierno federal anunció que se destinarán cerca de 30 mil millones de pesos para el combate a la inseguridad en el país. Lo anterior en voz del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien afirmó que se trata de la mayor cifra que ha sido destinada para combatir a la delincuencia durante la historia del país. De acuerdo al encargado de la política interna del país, lo anterior será liberado a través de la firma de convenios con todas las entidades de país con los cuales el gobierno calderonista se compromete a liberar dichos recursos. “Durante el transcurso de las próximas semanas estaré firmando los convenios correspondientes, con los cuales el gobierno federal se compromete a otorgar a los estados municipios, y delegaciones del Distrito Federal, la cantidad más alta de recursos que se haya hecho en toda la historia del país para apoyar su transformación en materia de seguridad y de justicia”. En conferencia de prensa, indicó que los recursos tendrán que ser destinados para combatir a la delincuencia y concretar la instauración del sistema de justicia penal en México.Detalló que 17 mil 300 millones serán destinados para cuatro programas como el fondo de aportaciones de seguridad pública; al subsidio para la policía acreditable; al subsidio para la seguridad pública municipal; y al programa de apoyos de seguridad pública. Asimismo, serán dispuestos hasta 12 mil millones a fin en financiamiento a través de Banobras para construir las salas de audiencia para los juicios orales así como impulsar la renovación y creación de infraestructura penitenciaria así como centros de evaluación de control de confianza. Además, subrayó que se ofrecerán a las entidades federativas recursos de hasta 400 millones de pesos para que puedan tener listos de forma inmediata sus proyectos ejecutivos para nuevos penales y juzgados. Sentenció que los subsidios tendrán que ser ejercidos de forma transparente, racional y eficiente para lograr las metas previstas. “Los recursos se tienen que ejercer de una forma transparente, racional y eficiente, se deben ejercer para lograr que las policías sean certificadas y profesionalizadas, dese los altos mandos hasta los elementos operativos, deben ser utilizados también para reclutar mejores policías que estén verdaderamente preparados y que cuenten con una autentica vocación de servicio y servirán también para mejorar el equipamiento e infraestructura de los cuerpos de seguridad de todas las entidades federativas del país”. Advirtió que la entrega de recursos estará condicionada con la exigencia de dar resultados concretos que se traduzcan en una mayor seguridad para toda la población toda vez que no hacerlo, significaría poner en riesgo los logros que se han tenido en la materia. “La entrega de estos recursos está acompañada de una exigencia clara, firme e incuestionable por parte de la sociedad, cada una de las entidades federativas y de los municipios deberán dar resultados concretos que se traduzcan en una  mayor seguridad para toda la población. No hacer lo significaría poner en riesgo los logros que hemos tenido y peor aún, fallar a la exigencia de seguridad que día a día nos hacen los ciudadanos”. Finalmente, urgió en la necesidad de acelerar los procesos y mecanismos de control de confianza y depuración de cuerpos policiacos, así como la consolidación de la reforma en materia de seguridad y justicia. Además, del firme compromiso de los gobiernos de las entidades y municipios para depurar y modernizar sus cuerpos de seguridad.

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Dinero

Sheinbaum asegura que Grupo Salinas pagará 26 mil millones de pesos con nueva Corte: “Ya no habrá favores”

Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este jueves que Grupo Salinas, conglomerado empresarial del magnate Ricardo Salinas Pliego, deberá saldar su deuda fiscal con el gobierno federal, y aseguró que con la llegada de nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya no habrá margen para favores ni dilaciones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria vinculó directamente las recientes críticas del empresario y sus medios contra la reforma al Poder Judicial con la negativa histórica de Grupo Salinas a cubrir los adeudos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha exigido desde hace más de una década.

“Van a pagar los impuestos, porque no creo que la Corte de los ministros que están ahora se vaya a atrever a hacer algo en contra del pueblo de México”, declaró Sheinbaum, al referirse a los casos que se mantienen pendientes en el máximo tribunal del país y que, aseguró, han sido retrasados por vínculos entre el grupo empresarial y algunos magistrados salientes.

Según expuso Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, las empresas de Salinas Pliego —incluidas Elektra y TV Azteca— adeudan en total más de 74 mil millones de pesos al erario. De esa suma, hay tres casos activos ante la SCJN por un total de 26 mil millones de pesos, algunos con procesos legales iniciados desde 2008, 2010 y 2013.

La procuradora detalló que, para evitar un fallo definitivo en su contra, el consorcio ha interpuesto hasta 29 recursos legales, lo que ha permitido extender el litigio por más de 16 años. “Ha habido una estrategia clara de obstrucción judicial. Pero confiamos en que con la renovación de la Corte se acabará ese ciclo de protección”, dijo Galeano.

Sheinbaum agregó que la red de influencias tejida por Salinas Pliego en el Poder Judicial permitió durante años un “aletargamiento deliberado” de los expedientes, lo que favoreció a su grupo empresarial en detrimento de la hacienda pública. “Era la injusticia llevada a su máxima expresión”, subrayó.

El pasado 19 de junio, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó el amparo a Grupo Elektra para evitar el pago de 2 mil millones de pesos por concepto de impuestos al SAT, en uno de los múltiples casos que enfrenta el consorcio. Ante esa resolución, Salinas Pliego calificó el fallo como “un acto ilegal”.

El enfrentamiento entre el gobierno federal y uno de los empresarios más poderosos del país se agudiza en un contexto de reformas profundas en el sistema judicial mexicano, las cuales buscan modificar la manera en que se eligen jueces y ministros, así como fortalecer la rendición de cuentas del Poder Judicial.

La presidenta reiteró que el objetivo es garantizar que “nadie esté por encima de la ley, ni siquiera quienes por años utilizaron el sistema judicial como escudo fiscal”. Y concluyó: “Se acabaron los privilegios. En México se va a pagar lo que se debe, como debe ser”.

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