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Destituyen a subdirector de Conade por casos de corrupción que Ana Gabriela Guevara niega

La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó a Israel Benítez, subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, porque incumplió las obligaciones contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas al permitir que personas ajenas a la comisión, al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) o al Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade) utilizaran para beneficio propio las instalaciones de Villas Tlalpan, exclusivas para atletas de alto rendimiento.

El Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) acreditó que la subdirección de la comisión permitió a personas ajenas a la Conade, al Sinade o Renade acceder a servicios de hospedaje, alimentación y a usarar las instalaciones de Villas Tlalpan, detalló la SFP.

“Los servicios fueron solicitados por dos servidores públicos sujetos a la supervisión del Subdirector de Calidad para el Deporte, a quien se le impuso la sanción tomando en cuenta la reincidencia y el nivel jerárquico, así como las condiciones adecuadas en las personas físicas que asuman tareas públicas”, informó la SFP en un comunicado.

Israel Benítez, exatleta veracruzano, ya había sido expulsado de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo en 2015, la cual intentó presidir en 2017 sin el reconocimiento de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés).

Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, recordó que sólo en 2019 se realizaron siete auditorías a la Conade en las que se determinaron 22 observaciones.

La auditoría 12/2019, realizada por el OIC de Conade, el brazo institucional de la SFP en la Comisión, arrojó seis observaciones que debían ser atendidas, según el oficio, antes del 3 de diciembre de 2019. La tercera irregularidad a la que hace referencia el Órgano Interno de Control es, precisamente, la que determinó la remoción de Benítez: “Entrenadores beneficiarios del FODEPAR (Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento) y prestadores de servicios profesionales Capítulo 3000 que prestan sus servicios en el área de alto rendimiento, que utilizan de manera indebida el servicio de comedor y hospedaje exclusivo para deportistas y equipos multidisciplinarios de Centro Villas Tlalpan (sic)”, señala.

La SFP no tomó en consideración las otras cinco observaciones, que referían pagos indebidos a entrenadores, designación de integrantes de la Comisión Deportiva fuera de los requisitos estipulados, y anormalidades en la comprobación de gastos y asignación de recursos del FODEPAR.

Fuente: SinEmbargo/AS México

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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