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Destruye INE credenciales de elector vencidas en Chihuahua

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó la trituración de 46 mil 579 credenciales de elector inutilizadas para el ejercicio del voto o como medio de identificación para el ciudadano, reiterando la convocatoria a obtener, actualizar o renovar su credencial para votar durante la Campaña de Actualización Intensa 2016.

Ramón Salazar Burgos, Vocal del Registro Federal de Electores, indicó que la verificación, trituración y confinamiento temporal de los formatos de credencial se efectuó en cumplimiento de la normatividad electoral vigente y conforme al acuerdo aprobado por la representación de los partidos políticos en la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores.

Señaló que la documentación destruida fue recabada durante el tercer trimestre del presente año, producto de trámites para el intercambio de credenciales con pérdida de vigencia, solicitudes de cambio de domicilio o corrección de datos personales, entre otras causas, en el marco de los trabajos para la actualización permanente del Padrón Electoral y la Lista Nominal.

Informó que el material de residuo se reciclará posteriormente conforme a las políticas para el cuidado del medio ambiente que fueron adoptadas por el instituto, invitando a los ciudadanos a seguir renovando todas las credenciales de elector marcadas en su reverso con un recuadro “15”, las cuales fueron emitidas por el otrora Instituto Federal Electoral (IFE).

Recordó que para la renovación de los documentos, así como para cualquier trámite para la obtención de la credencial de elector, es necesario presentar: acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación con fotografía, mientras que para concertar una cita permanece disponible el número telefónico gratuito 01-800-433-2000 y el portal electrónico www.ine.mx.

Los Módulos de Atención Ciudadana se encuentran abiertos de lunes a viernes, de 08:00 hasta las 20:00 horas, así como los sábados de 09:00 hasta las 15:00 horas; ofreciendo atención especial e inmediata a personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con alguna discapacidad.
En la sesión se aprobó también un dictamen técnico para justificar el cambio de domicilio de dos Módulos de Atención Ciudadana, correspondientes a los Distritos Electorales Federales 03 y 08, a fin de que el proyecto de reubicación sea evaluado y, en su momento, aprobado por la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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