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Detalla Fiscalía proceso de desafuero del senador Cruz Pérez Cuéllar

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La Cámara de Diputados dictó el acuerdo de admisión de la solicitud de declaración de procedencia o de desafuero del senador de la República Cruz Pérez Cuéllar, efectuada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

César Augusto Peniche Espejel, titular de la dependencia, explicó que el paso siguiente es la notificación formalmente al legislador, para que dé su respuesta ante la Sección Instructora, sobre los señalamientos que le son imputados.

El funcionario, quien participó en una conferencia virtual sobre el «Regreso del Programa Chihuahua Seguro», explicó que originalmente se previó que el caso pasaría primero por una Comisión de Análisis Previo, pero de acuerdo con los criterios de la Cámara, se determinó que por tratarse de una investigación con datos de prueba, era innecesario este paso, por lo que se turnó directamente a dicha Sección.

Una vez recibida una respuesta del señalado, éste órgano interno del Legislativo convocará a un debate interno, para revisar el caso y posiblemente haya algún requerimiento de información adicional a la Fiscalía General del Estado, antes del dictamen.

Peniche Espejel añadió que posteriormente se hará la formulación del dictamen para turnarlo al Pleno, que se constituirá como Gran Jurado y establecerá la fecha de la audiencia en que deberá comparecer el Ministerio Público, el senador y la Sección Instructora, para sostener un debate con un formato de juicio.

Una vez realizado el debate y con el dictamen definido, la Sección Instructora convocará a una asamblea en el Pleno, que ya erigido como Gran Jurado, emitirá una resolución al respecto.

Indicó que la expectativa es que el procedimiento antes de la resolución, tardará de dos a cuatro meses, toda vez que es posible se cruce el receso de los trabajos legislativos y probablemente incida en el proceso de desafuero.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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