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México

Detecta INE irregularidades en el acopio de firmas de aspirantes independientes a diputados

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) informaron este jueves sobre una investigación por irregularidades detectadas en el acopio de firmas de los aspirantes independientes que buscan una candidatura para la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, los consejeros detallaron que entre las irregularidades están la del registro de apoyos con fotocopias de las credenciales de elector (debía tomarse fotografía de la original, con la app del Instituto), o que auxiliares de los independientes capturaron apoyos y tomaran fotografías de documentos como licencias de manejo, o algún otro diferente a la credencial del INE.
Los consejeros no precisaron la cantidad o porcentaje de apoyos irregulares, respecto al total de firmas que han registrado los aspirantes.

Ante lo encontrado, indicaron que se abrió un procedimiento administrativo sancionador, y en su momento darán un informe sobre los resultados de la indagatoria, respecto a los archivos digitales capturados con la app del INE para candidaturas independientes.

“La próxima semana será presentado un primer informe sobre el proceso de acopio de apoyos a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que de esta forma el INE pueda brindar información precisa y oportuna a la ciudadanía”, apuntó el Instituto.

Las cifras finales de apoyos ciudadanos válidos, apuntaron, pueden diferir sustancialmente de lo que se ha dado a conocer en los conteos preliminares, por lo que ningún aspirante puede afirmar que ya tiene garantizada la inscripción de su nombre en la boleta para el 2018.

La revisión de los archivos digitales de apoyos, hasta el momento, se centra en los aspirantes independientes que quieren ser candidatos a la Cámara de Diputados, ya que en su caso ya concluyó el plazo para recabar firmas. Después tocará el turno de los aspirantes al Senado y a la presidencia.
El consejero Benito Nacif dijo que no han recibido hasta ahora alguna queja por tráfico de datos del registro federal de electores. Aunque indagarán por qué ocurrieron y quién fue responsable de las irregularidades detectadas.

Otras de las inconsistencias detectadas en el caso de las firmas para respaldar a diputados, mencionaron, es la de apoyos duplicados, es decir, que auxiliares hayan registrado dos veces a la misma persona, con firmas a favor de un aspirante independiente.
Los funcionarios del INE también mencionaron situaciones como la de que los auxiliares de los aspirantes independientes no hayan capturado de forma correcta con la app la fotografía de la credencial de elector, ya que debían captar sus dos lados.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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