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México

Detecta la ASF desvíos millonarios en el último año del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un probable daño al erario por 155 millones 655 mil pesos en el ejercicio 2024 del gobierno de Morelos, último año de la administración encabezada por Cuauhtémoc Blanco. Las observaciones derivan del manejo irregular del gasto federalizado destinado al sector salud.

De acuerdo con el informe de la segunda entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, los Servicios de Salud de Morelos no pudieron comprobar el uso de 148 millones 368 mil pesos transferidos por el programa IMSS-Bienestar. Dichos recursos debían destinarse a la adquisición de medicamentos, insumos y materiales médicos, pero no se presentaron los comprobantes que acreditaran su aplicación.

La ASF también detectó anomalías en la contratación de 33 trabajadores eventuales en el Hospital del Niño Morelense, donde los contratos no fueron formalizados y tampoco se entregó evidencia de las labores realizadas por el personal. Estas irregularidades representan un posible daño adicional al erario por más de 5 millones de pesos.

Ante las inconsistencias, la Auditoría emitió dos recomendaciones, diez promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco pliegos de observaciones dirigidos al gobierno estatal.

Cabe recordar que en abril de 2024, Cuauhtémoc Blanco solicitó licencia como gobernador para contender por una diputación federal bajo las siglas de Morena, dejando al frente del Ejecutivo local a su entonces secretario de Gobierno, Samuel Sotelo.

Los hallazgos de la ASF se suman a una serie de cuestionamientos sobre el manejo financiero durante la gestión de Blanco, quien enfrenta crecientes señalamientos por presuntas irregularidades administrativas en distintas dependencias estatales.

México

Hacienda asegura que ajuste al IEPS no elevará el precio de las gasolinas

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Energía, aseguró que la actualización al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no provocará incrementos en el precio final de los combustibles a partir del 1 de enero. Las dependencias federales señalaron que el ajuste anual por inflación, previsto en la ley, será absorbido sin afectar a los consumidores, por lo que se mantendrá la estabilidad en las estaciones de servicio del país.

De acuerdo con la información oficial, esta decisión se sustenta en la estrategia nacional para estabilizar el precio de la gasolina, vigente desde marzo de este año. El esquema contempla un acuerdo voluntario con empresarios del sector para establecer un tope máximo de 24 pesos por litro en la gasolina regular, conocida como magna o de menor a 91 octanos. El objetivo es evitar que las variaciones en los mercados internacionales de hidrocarburos impacten en la economía de las familias.

Las autoridades indicaron que el compromiso se mantendrá pese a la actualización del IEPS, por lo que el precio en bomba no deberá registrar cambios significativos al inicio de 2026. La administración federal subrayó que este mecanismo forma parte de una política para preservar la estabilidad económica y contener presiones inflacionarias en los energéticos.

En las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación se establece que el impuesto para la gasolina magna será de 6.70 pesos por litro, mientras que para la gasolina premium se fijó en 5.65 pesos y para el diésel en 7.36 pesos por litro. Hacienda precisó que estos montos responden únicamente a un ajuste técnico por inflación y no modifican los términos del acuerdo con los distribuidores de combustibles.

El gobierno federal informó que dará seguimiento puntual a los precios finales para verificar que se respete el tope acordado en las estaciones de servicio. Con ello, se busca despejar dudas sobre posibles aumentos al cierre de año y garantizar que el ajuste fiscal no se traduzca en un alza para los consumidores. Asimismo, se reiteró que cualquier cobro que supere los límites establecidos puede ser reportado ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

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