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Detecta Profeco nueva forma en que gasolineras te roban combustible

La Profeco descubrió que una gasolinera en Tamaulipas utiliza una nueva forma para robar combustible a través de un «rastrillo» que es colocado en el pulsador de las bombas dispensadoras, y ya no en la tarjeta madre como se venía usando hasta ahora.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, informó que, gracias al trabajo en equipo entre el Centro Nacional de Metrología y la Dirección General de Normas, detectaron una nueva alteración en dispensadores de combustibles en el municipio de Güémez, Tamaulipas.

¿Cómo funciona esta nueva forma de robar combustible?

Con el apoyo de equipo, hemos dado con bola, lo pudimos comprobar en Güémez, Tamaulipas, un nuevo aditamento que ya no está colocado en la tarjeta madre, sino que está colocado en el pulsador”, aseguró.

Ricardo Sheffield dijo que el pulsador está «hasta abajo» de las bombas dispensadoras y que se trata de los últimos aparatos en controlar la relación entre la manguera y el medidor de litros que puede ver el consumidor.

El titular de la Profeco dijo que se desconoce si esta manera de robar combustible surgió luego de las revisiones que se comenzaron a hacer o si siempre estuvo ahí en las gasolineras revisadas anteriormente.

Aplicación Litro X Litro recibe 230 denuncias

Ricardo Sheffield detalló que la Profeco ha recibido 230 denuncias a través de la aplicación Litro X Litro, por lo que han realizado 192 visitas o verificaciones para atenderlas.

Explicó que durante la última semana, tres gasolineras no permitieron la colocación de sellos para advertir al consumidor sobre las irregularidades al despachar gasolina; éstas se encuentran ubicadas en los municipios de Acatlán de Juárez, Jalisco; Burgos, Tamaulipas; y Peto, Yucatán.

El procurador dijo que la Profeco regresará a estos establecimientos acompañada de la Guardia Nacional para colocar los sellos «que se ameritan por estar descalibrados sus aparatos».

Además de estas gasolineras, Ricardo Sheffield detalló que dos establecimientos se negaron a ser verificados; éstos se encuentran en Valle Hermoso, Tamaulipas, brecha 120, kilómetro 79, y otro en Mexicali, Baja California, en la carretera Mexicali-San Luis.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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