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Detectan anomalías en gestiones de Godoy y Vallejo

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Morelia, Michoacán.- La contraloría de Michoacán abrió 245 procesos de responsabilidades por posibles irregularidades detectadas durante las gubernaturas del perredista Leonel Godoy y del priísta Fausto Vallejo.

El titular de la contraloría estatal, Joaquín Gabriel Montiel, informó que de esos 245 procedimientos, 156 han sido resueltos en lo que va de este año.

El funcionario local, aclaró que esto es aparte de cinco denuncias penales que existen desde el año pasado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por presuntas anomalías financieras ocurridas durante el mandato de Godoy.

«Las denuncias que se han llevado a la Procuraduría General de Justicia están en supervisión por el agente del Ministerio Público. Se está requiriendo información tanto a las unidades que ejercieron el gasto como también a nosotros en la Contraloría», señaló.

En conferencia de prensa, el contralor afirmó cuando estén integradas las averiguaciones previas, se ejercerán las acciones legales correspondientes.

Aunque declinó dar a conocer detalles sobre las resoluciones de los 156 procedimientos administrativos concluidos, aclaró que ninguno de ellos tiene que ver de manera directa con los ex gobernadores, sino con funcionarios de sus administraciones.

Montiel anunció la creación de la Secretaría de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que sustituiría a la Coordinación de la Contraloría estatal, e indicó que el proyecto se hará llegar al Congreso local, para su análisis.

El funcionario destacó que con la nueva dependencia se prevé fortalecer la figura de contraloría ciudadana.

«Lo que estamos proponiendo es que el contralor ciudadano sea una persona que no tenga afiliación partidista y que el personal a su cargo sean jóvenes estudiantes de las carreras de Ingeniería, Derecho, Contaduría Pública, Arquitectura, que estén a punto de salir de la carrera y puedan dar ahí su servicio social», aseveró.

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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