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Detectan desvíos en Cámara de Diputados y el Senado

El Congreso de la Unión volvió a registrar anomalías y opacidad en el uso de los recursos que los propios legisladores se asignaron en el 2016.
En la revisión de la gestión financiera del 2016, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó opacidad y limitada transparencia en la rendición de cuentas de las Cámara de Diputados y de Senadores en rubros como subvenciones y otros conceptos relacionados con actividades legislativas por un monto de 2 mil 632 millones de pesos.

En el Senado, los congresistas no aclararon ni justificaron el uso de mil 016 millones de pesos en “Asignaciones a los Grupos Parlamentarios”.

En sus conclusiones, el órgano fiscalizador recalcó que ni diputados ni senadores entregaron la información necesaria que permitiera comprobar que sus gastos fueron “razonables” o que correspondieron a la realización de trabajos legislativos.

En particular en San Lázaro, la Auditoría indicó que en 2016, se asignaron los mil 691 millones de pesos referidos a las partidas 3991, de “Asignaciones para el cumplimiento de la labor legislativa; y 4390 de “Otros Subsidios y Subvenciones”, equivalentes al 22 por ciento del gasto total del 2016.

Aunque se solicitó a los diputados entregar documentos para justificar la erogación, no entregaron la documentación que compruebe la aplicación de los recursos en cuestión.

Por lo tanto, no se pudo evaluar la razonabilidad del gasto ni comprobar que su destino fueran los trabajos legislativos, agregó la Auditoría.

“Por lo anterior, persiste una limitada rendición de cuentas en el ejercicio de recursos por concepto de ‘Subvenciones’ y otros conceptos relacionados con actividades legislativas”, indicó la ASF.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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