Conecta con nosotros

México

Detenido confiesa haber estado en departamento de la Narvarte: PGJDF

El hombre que fue detenido por su presunta relación con el homicidio de cuatro mujeres y el fotoperiodista, Rubén Espinosa, aceptó haber estado en el departamento y haber participado en los hechos ocurridos en la colonia Narvarte, informó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza.

9 años estuvo preso por los delitos de violación y homicidio la persona que se encuentra detenida

En entrevista con Jorge Berry, para Grupo Imagen Multimedia, el funcionario detalló que derivado de las investigaciones, peritos de la dependencia encontraron una huella dactilar en un mueble y fue comparada con la base de datos, arrojando la identidad de una persona que cuenta con antecedentes penales, por lo que se ordenó su localización.

Se trata de un ciudadano mexicano de 42 años de edad que estuvo preso nueve años en el Reclusorio Norte porviolación y homicidio, y salió en 2005.

El sujeto, de quien no se reveló el nombre para no entorpecer las indagaciones, “señala en su declaración que estuvo en el departamento cuando suceden los hechos y que conoce a los otros dos sujetos que están prófugos. Se ubica en tiempo y lugar”, reveló el procurador.

Respecto al vehículo Mustang rojo, detalló que voluntariamente se presentó ante la PGJDF una persona que ofreció una carta responsiva de la compra-ventadel automóvil, así como la identificación de la mujer de origen colombiano a quien le vendió el vehículo desde diciembre de 2014, pero no hizo cambio de propietario.

El vehículo le pertenecía a ella, tenemos esta carta responsiva y la identificación. Sí era de ella, ya lo tenemos acreditado”.

Asimismo, dijo que las autoridades colombianas identificaron a la mujer, aunque no con el nombre de Nicole, además se solicitó al Instituto de Migración los datos para verificar el tiempo que la mujer tenía en el país, la situación legal que guardaba y algún dato sobre sus actividades.

Respecto a la información que se solicitó al Gobierno de Veracruz señaló que les llegó una notificación por parte de la fiscalía del estado, la cual fue negativa respecto a que no se tiene ninguna denuncia presentada por parte de las víctimas.

Enfatizó en que continúan abiertas todas las líneas de investigación, “por lo que la PGJDF tiene el compromiso de esclarecer completamente el caso”.

Excélsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto